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CARMEN (HIDALGO)

Carmen tiene 13 años de edad, cursa el sexto año de primaria y vive en Pachuca, Hidalgo. En noviembre de 2013 fue violada por su padrastro, quien la mantuvo amenazada con que le haría daño a su madre si decía algo. Después de un tiempo, Carmen comenzó a sentirse mal y su madre notó que no había tenido su periodo menstrual. Al acudir a un médico, le informaron que estaba embarazada. Carmen finalmente le contó a su mamá de la violación y en marzo de 2014 acudieron juntas al Ministerio Público a presentar una denuncia por violación sexual.

En ese momento, Carmen no recibió ninguna información sobre su derecho a interrumpir su embarazo por ser producto de una violación, a pesar de lo dispuesto en la LGV sobre el derecho de las mujeres víctimas de viola­ción sexual a la ILE, como parte de los servicios de atención médica de emergencia, así como en los artículos 15, 18 y 19 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el estado de Hidalgo, que establece la obligación del personal de la Procuraduría de informar a las víctimas de sus derechos e implementar las me­didas necesarias para su protección efectiva, entre ellas las acciones médicas.

A pesar de esto, Carmen regresó unas semanas después a solicitar una ILE ante el Ministerio Público, quien le notificó que su solicitud no procedía debido al límite de 90 días establecido en el Código Penal de Hidalgo para llevar a cabo la interrupción. El límite de tiempo impuesto en el Código Penal para acceder a un aborto por violación, así como las fallas en la atención por parte de las autoridades de administración de justicia, hicieron inaccesible la interrupción del embarazo de Carmen y violaron, entre otros, su derecho a la salud y a una vida libre de violencia.

GIRE acompañó a Carmen y a su familia para presentar un juicio de amparo contra la actuación del Ministerio Público, así como contra el artículo 158 del Código Penal del estado por considerar que el establecimiento de un plazo para acceder a la ILE por violación es inconstitucional, pues vulnera el derecho a la salud y a la vida privada (autonomía reproductiva). Dicho amparo fue sobreseído por considerar que por no existir un emba­razo no había materia de estudio, por lo que se presentó un recurso de revisión. Al considerar que dicho re­curso era de importancia y trascendencia se solicitó a la SCJN que reasumiera su competencia para estudiar y resolver el asunto. La SCJN atrajo el caso.

El 7 de mayo de 2015 se cumplió un año de la presentación de la demanda de amparo. El lento avance del proceso penal abierto por la violación así como el poco interés del Estado en la atención de casos como éste ha hecho especialmente difícil que Carmen y su familia recobren el curso normal de sus vidas. Ante estas circunstancias, Carmen y su mamá manifestaron el deseo de cerrar cualquier proceso que les impidiera dejar estos acontecimientos en el pasado. Por tal motivo, GIRE, como su representante legal, tramitó el desistimien­to del amparo ante la SCJN.