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Cecilia


Cecilia y Sergio
Foto: Fungifilms

Cecilia y Sergio contrajeron matrimonio en 2007 y comenzaron a buscar un embarazo. Tenían 34 y 36 años de edad, respectivamente. Ese mismo año, Cecilia tuvo un embarazo que no prosperó, por lo que comenzó a tomar tratamientos hormonales, recetados por su médico de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a la que acudía. Pasó los siguientes años en diferentes tratamientos hasta que en 2011 le diagnosticaron microadenoma hipofisiario —un tipo de tumor que puede interferir con la producción de hormonas necesarias para la reproducción— y fue diagnosticada con infertilidad primaria. Para la fecha del diagnóstico, Cecilia había cum­plido 37 años. A pesar de que contaba con un estudio de un especialista en genética del sector público que indicaba que su edad no implicaba una contraindicación para iniciar un tratamiento de reproducción asistida, el Hospital General Darío Fernández, depen­diente del ISSSTE, la clasificó como “no candidata a reproducción por edad”.

Esto impidió que fuera referida al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el único hospital del ISSSTE que otorga servicios de reproducción asistida.

El 27 de agosto de 2013 Cecilia presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), contra el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y contra el ISSSTE por el componente discriminatorio de los requisitos de ingreso al Programa de Reproducción Humana Asistida. Esto hizo que el 20 de Noviembre respondiera que accedía a brindar el servicio a la pareja, con lo cual CONAPRED dio por concluido el asunto.

Cecilia se presentó en el 20 de Noviembre a solicitar el procedimiento, pero éste le fue negado. Contó su caso a Fundar, 1 quien a su vez buscó a GIRE para que de manera conjunta interpusieran un recurso ante CONAPRED para que se reabriera la queja. Ocho meses más tarde, el 20 de Noviembre accedió a brindar el tratamiento, con la condición de que Cecilia firmara los requisitos de ingreso al Programa —que la establecían como no candidata por su edad— y un formato de consentimiento informado redactado en términos ambiguos. De nuevo, la oferta realizada por el 20 de Noviembre dejaba a Cecilia en una situación de inseguridad jurídica. El proceso ante el CONAPRED sigue pendiente.


Hospital Darío Fernández, Distrito Federal.
Foto: Grace Navarro

De manera simultánea a la queja ante el CONAPRED, la pareja envió un escrito al 20 de Noviembre donde manifes­taban que los requisitos para entrar a su Programa de Reproducción Humana Asistida eran discriminatorios y solicitaban que les explicaran los pasos que contempla dicho programa. En respuesta, el 20 de Noviembre acce­dió a una valoración integral de la pareja, pero con la condición de que no se abriría un expediente, lo cual es ilegal y violatorio de derechos humanos. Cecilia y su esposo no acudieron a dicha valoración, pues sabían que se seguirían aplicando los criterios de ingreso que impedían su acceso al programa por ser ella mayor de 36 años al momento de la solicitud. Además, la falta de un expediente médico dejaba a la pareja en una situación de total inseguridad jurídica, sin la claridad de los estándares y responsabilidades con que se les atendería.