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Diana

Diana nació en Aguascalientes, está casada con Paco, tiene 42 años y dos hijas de 10 y 17 años de edad. Diana enfrentó serios problemas de salud en ambos embarazos, los cuales derivaron en nacimientos prematuros: presión alta, problemas renales y cardíacos, pérdida de visión, preeclampsia y eclampsia que provocaron sufrimiento fetal y resultaron en la parálisis cerebral que padecen ambas niñas. Diana no puede trabajar fuera de casa. No puede más que dedicarse de tiempo completo a sus hijas.

Cuando Diana sintió un malestar en el vientre y la espalda, imaginó que era algo relacionado con los problemas renales vinculados con sus embarazos y que padece desde entonces. Pero la ausencia de su periodo menstrual la hizo sospechar que podría estar embarazada. Confirmó su estado con una prueba sanguínea y enton­ces acudió al Hospital de la Mujer de Aguascalientes, donde le practicaron un ultrasonido y determinaron que tenía seis semanas de gestación. Al realizar su historia clínica, constataron los riesgos que el embarazo representaba para su salud, debido a sus antecedentes médicos. La edad de Diana agravaba los riesgos que un tercer embarazo implicaría a su salud. Más aún, el embarazo representaba un riesgo a su salud física, y afectaba también su salud mental: sentía mucho miedo por su vida, por el cuidado de sus hijas y cómo su ausencia las afectaría pues dependen totalmente de sus cuidados.

Ante este panorama, Diana buscó interrumpir su embarazo. Sin embargo, el perso­nal de salud del Hospital de la Mujer le explicó que esto no era posible pues la legislación de Aguascalientes no lo permite, incluso cuando el embarazo implica un riesgo para la salud de la mujer. En efecto, el artículo 103 del Código Penal del estado de Aguascalientes establece las causales en las que el delito de aborto doloso no es punible: a) grave peligro de muerte, y b) cuando el embarazo haya sido producto de una violación.

Un embarazo suponía graves riesgos para la salud física de Diana, además de una angustia mental grave relacionada con la dependencia de sus hijas a sus cuidados. La falta de acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ante afectaciones a la salud es una muestra del incumplimiento de las autoridades con su obligación de garantizar a las mujeres el derecho a la salud. Estas obligaciones hacen necesaria la modificación de los códigos penales locales que no contemplan la causal salud y asegurar que aquellos que lo hacen garanticen un acceso efectivo a las mujeres que la soliciten.

Finalmente, gracias al acompañamiento de Fondo María, Diana pudo trasladarse al Distrito Federal, acompañada de una amiga, para interrumpir su embarazo. Ahora está tranquila, en un mejor estado emocional, recuperada físicamente y con fuerzas para cuidar de sus hijas.

Pero las mujeres no tendrían que trasladarse. La ausencia de la causal salud para interrumpir un emba­razo afecta a miles de mujeres, no sólo en Aguascalientes, sino en todas las entidades que no contem­plan esta causal de aborto.

El caso de Diana ejemplifica una grave situación en la que las restricciones normativas en materia de aborto violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres en México. Diana tuvo la posibili­dad de contar con el apoyo de Fondo María para viajar al Distrito Federal y realizar la interrupción de su embarazo, pero muchas mujeres que viven en entidades federativas con legislación restrictiva en mate­ria de aborto no tienen la misma oportunidad. Estas restricciones y la falta de acceso en las causales legales —en las entidades donde existen— orillan a muchas mujeres a recurrir a abortos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida. Así, la falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro.