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GUADALUPE (QUERÉTARO)

Guadalupe es una mujer de 23 años y tiene un hijo de seis años de edad. Fue violada en noviembre de 2013, pero no acudió a levantar una denuncia por no conocer el procedimiento, por desconfianza en el Ministerio Público y por temor a represalias. A pesar de que tomó una pastilla de emergencia al día siguiente de la viola­ción, poco tiempo después se enteró de que estaba embarazada. En la madrugada del 11 de diciembre, Guada­lupe presentó dolor abdominal, sangrado y vómito. Su padre la llevó a un servicio de urgencia del hospital del IMSS en Querétaro. Ahí fue víctima de regaños y gritos por parte del personal médico, además de que no se le suministró ningún medicamento para el dolor.

Guadalupe salió ese mismo día del hospital, sin saber que el personal que la atendió había dado aviso al Mi­nisterio Público de su caso. Un mes más tarde, recibió una llamada telefónica por parte de alguien que se identificó como un policía investigador, quien le dijo que tenía que presentarse a declarar ante el Ministerio Público. Más tarde, policías investigadores acudieron a su domicilio con el objetivo de llevarla a declarar. Ella nunca había recibido un citatorio formal. De manera extraoficial, se le informó que la investigación en su contra se encontraba en una etapa inicial. Representada por GIRE y por Saúl Hernández, abogado integrante de radar 4°, Guadalupe acudió a rendir su declaración.

En el Ministerio Público se obtuvo conocimiento de que en su expediente no existía evidencia alguna de un aborto provocado. El médico en cuyo testimonio se basaba el caso no recordaba claramente los hechos mo­tivo de la denuncia e incluso reconoció no recordar a Guadalupe. Por lo tanto, se solicitó que se archivara la averiguación previa. No existía prueba alguna en su contra.

El 17 de noviembre de 2014 la averiguación se archivó de manera definitiva, por falta de elementos para acre­ditar el delito.