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En julio de 2009, Hilda, una joven de 18 años, fue acusada de aborto mientras era atendida en el Hospital Básico Comunitario en Tamuín, San Luis Potosí, estado que “protege la vida desde la concepción”. La denuncia la hizo una trabajadora social de dicha institución. Hilda es una mujer de escasos recursos eco­nómicos y realiza tareas domésticas que muchas veces implican un esfuerzo físico considerable. El 9 de julio de 2009, Hilda llegó al hospital acompañada de su hermana y más tarde llegó su madre. Presentaba malestar, cólicos y sangrado vaginal, además de un desmayo previo a su traslado al hospital.

De acuerdo con el expediente clínico, Hilda tenía un embarazo de 6.1 semanas observándose restos embrio­narios en el canal vaginal, por lo que se le sometió a un legrado uterino. En el expediente se asentó como diagnóstico “aborto incompleto provocado”, hecho respecto del cual el personal del hospital dio conoci­miento al Ministerio Público, iniciándose la averiguación previa correspondiente. Durante las siete horas que permaneció en el hospital, Hilda fue custodiada por la policía y trasladada posteriormente a los “sepa­ros”, donde permaneció una noche. La liberaron al día siguiente por falta de pruebas.

La investigación, sin embargo, quedó abierta sin que ella lo supiera, por lo que tres años después se giró una orden de aprehensión en su contra, el 5 de abril de 2013. La policía la detuvo nuevamente y la trasladó al centro penitenciario, donde permaneció alrededor de 20 horas. Fue sujeta a un proceso penal acusada de haberse provocado un aborto mediante pastillas. Hilda tuvo que asumir el pago de 3 mil pesos por con­cepto de una fianza para obtener su libertad provisional. GIRE asumió la defensa jurídica de Hilda después de conocer su caso por la prensa y contactarla ofreciéndole asesoría jurídica.

El 5 de abril de 2013, el Juez Tercero Mixto de Ciudad Valles sentenció a Hilda a un año de prisión por encontrarla responsable del delito de aborto