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Liliana




Liliana
Foto: Fungifilms

Liliana tiene 30 años y es originaria de Chetumal, Quintana Roo. Estudió Antropología y trabaja en una oficina de gobierno. Ella y su esposo siempre quisieron tener cuatro hijos y cuando supieron que estaba embarazada acondicionaron una habitación con literas. El 12 de noviembre de 2013 Liliana acudió al Hospital General de Zona Médica Familiar 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica, pues se encon­traba en labor de parto.

Durante las primeras seis horas en el hospital, el médico encargado le comentó que presentaba una evolución favorable para el parto vaginal. Sin embargo, al darse el cambio de turno, el nuevo médico sugirió de manera tajante que se realizara una cesárea, pese a que las condiciones no habían cambiado, según las revisiones médicas.

Liliana manifestó expresamente que quería un parto vaginal, a lo que el médico que la atendía respondió “si la paciente lo desea, yo me puedo ir a dar una vuelta para revisar a todos mis pacientes y en una hora y media regresar, pero si el bebé ya tiene sufrimiento fetal es bajo su responsabili­dad”. Este sarcasmo innecesario y otras groserías fueron el trato que recibió desde un principio por parte del personal de salud.

Derivado de lo anterior y, ante el miedo de lo que pudiera sucederle a su hija, Liliana accedió a la práctica de la cesárea, durante la cual perdió el conocimiento, por lo que no tuvo conciencia del procedimiento ni del nacimiento de su bebé. Después de siete horas recobró el sentido, presentando fiebre y un intenso dolor abdominal. Tuvo que insistir durante una hora y media para que el personal de enfermería la revisara y, al fin, el médico que llevó a cabo la cesárea le recetó un medicamento sin una exploración previa.

El 20 de noviembre al medio día la dieron de alta, pese a que el dolor abdominal continuaba. Ese mismo día por la tarde Liliana presentó fiebre y dolor abdominal intenso, por lo que acudió a una clínica privada a solicitar un ultrasonido. Más tarde, regresó al hospital del IMSS, donde fue atendida por el mismo médico que realizó la cesá­rea. Éste de nueva cuenta se mostró indiferente ante su situación. Ella se sentía realmente mal y le pidió a su familia que la llevara a una clínica privada.

El 26 de noviembre, después de seis días de análisis y tres intervenciones quirúrgicas, entre las cuales se le extirpó el útero, Liliana descubrió que durante la cesárea le habían perforado la vejiga y la matriz. Su estado de salud era grave, por lo que tuvo que permanecer en la clínica privada hasta el 6 de diciembre, sin poder cargar a su hija.

Liliana presentó una queja ante la CNDH. Ésta, a su vez, decidió remitir el caso a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), argumentando que se trataba de un caso de negligencia médica y no de violencia obstétrica, ni de violación a derechos humanos. Liliana —representada por GIRE— presentó una ampliación de queja en la que se aclaró y argumentó que su caso era uno de violencia obstétrica y que se habían violentado sus derechos a la integridad personal, a la salud y a la vida privada, queja que a la fecha sigue en trámite ante la CNDH. Después de su experiencia, Liliana desconfía de los servicios de salud pública, por lo que no se ha realizado una nueva revisión médica. Por otra parte, decidió presentar una denuncia por el caso, la cual está siendo acompañada por Gabriela Rojo, abogada integrante de RADAR 4°.