Para consultar la información disponible, puedes dar click en un tipo de información, en un tema o en una combinación de ambos.

PAOLA (AGUASCALIENTES)

Paola tenía 20 años de edad. Cursaba un embarazo de 25 semanas cuando presentó fuertes dolores de vien­tre. Ingresó al Hospital de la Mujer de Aguascalientes el 5 de marzo de 2014. En el hospital, el personal de Trabajo Social solicitó la intervención del Ministerio Público. Poco tiempo después llegaron policías de inves­tigación a interrogar a Paola y a su padre, quien la acompañaba. Ante la incertidumbre sobre su situación jurídica, Paola solicitó su alta médica del hospital ese mismo día.

Más tarde, el padre de Paola contrató un abogado particular y así tuvo conocimiento de que se había iniciado una averiguación previa en contra de su hija. El 17 de junio de 2014 recibió un citatorio para presentarse a declarar en calidad de testigo, sin conocer más detalles del caso. Con el acompañamiento de GIRE se solicitó copia del expediente clínico. Hasta donde se tiene conocimiento, no existe ninguna nota médica que indique que Paola se provocó un aborto. Ante esta circunstancia, GIRE presentó un escrito para intervenir como repre­sentante legal de Paola, el cual no ha sido respondido y continúa negado el acceso al expediente del caso.

En el mes de septiembre, policías ministeriales acudieron al domicilio de Paola con una orden en su contra sin mostrar ningún documento. Ante tal incertidumbre, se interpuso una demanda de amparo para conocer el motivo por el que la buscaban, sin obtener información alguna, ya que el Ministerio Público canceló el citato­rio correspondiente y la demanda de amparo se sobresey

Paola vivió en la incertidumbre acerca del delito que se le imputaba, hasta que el 8 de abril de 2015 acudió al Ministerio Público en compañía de GIRE a solicitar información sobre su situación jurídica. Ahí, se obtuvo co­nocimiento de que desde el 17 de febrero de 2015 la Agencia Especializada en Delitos Familiares, Sexuales y Adolescentes había solicitado una orden de aprehensión en su contra por el delito de aborto doloso. El 17 de marzo, el juez de lo penal que conoció del asunto negó la petición de girar orden de aprehensión, por conside­rar que no había pruebas suficientes para comprobar el delito. En respuesta, la Fiscalía apeló la decisión del juez y pretende revertir este acuerdo para que se continúe con el proceso penal. A pesar de que resulta posi­tivo que el juez haya negado la orden de aprehensión, los argumentos utilizados en su escrito son inconsis­tentes y contrarios a derechos humanos y podrían terminar por perjudicar el proceso de Paola en el caso de que éste continuara. Ante esta circunstancia, se presentaron dos escritos en defensa de Paola: una respues­ta a los agravios que se le imputan y un escrito apelando los argumentos del juez para negar la orden de aprehensión. Este último no fue aceptado, por lo que GIRE, como representante legal de Paola, presentará una demanda de amparo. Mientras tanto, Paola continúa en la incertidumbre.