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Rosa

 

Rosa es la segunda de cuatro hijos, tiene 14 años de edad y vive en Tlanepantla, estado de México. Durante casi un año fue violada por su padre quien, además, la tuvo amenazada con hacerle daño a su mamá si decía algo. Al tratarse de un hombre violento, Rosa prefirió no denunciar lo que había sucedido. Empezaba el tercer año de secundaria, pero no tenía ganas de ir a la escuela, ni de salir a la calle siquiera. El 6 de octubre de 2014 su madre, al darse cuenta de los cambios en la conducta de Rosa, le preguntó si sucedía algo y le pidió a su madrina que la llevara al médico. En la clínica, la doctora la envió a realizarse un ultra­sonido, en donde se reveló que cursaba un embarazo de aproximadamente 16 semanas.

Rosa le contó a su mamá lo que había pasado y, al día siguiente, acudieron juntas al Ministerio Público a presentar una denuncia por violación sexual en contra de su padre. Ahí les dijeron que, por lo avanzado del embarazo, ya no procedía interrumpirlo, y les dieron la dirección de algunos lugares que podrían atenderla para continuar con el embarazo. En efecto, el artículo 151 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México advierte que el juez de control puede autorizar una interrupción del embarazo producto de una violación siempre y cuando éste no rebase las 12 semanas. El personal del Ministerio Público le ofreció asistencia psicológica y médica; sin embargo, en palabras de Rosa: “yo no quiero ir, lo único que quiero es ya no estar embarazada para poder volver a hacer mi vida normal”.

Rosa quería interrumpir su embarazo, pero superaba los límites establecidos por la norma. El límite de tiempo impuesto en el Código de Procedimientos Penales hizo inaccesible la interrupción de su embarazo y violó, entre otros, su derecho a la salud y a una vida libre de violencia.

Finalmente, Rosa se trasladó al Distrito Federal con el acompañamiento de DDSER y GIRE. Ahí se determinó que el embarazo implicaba un alto riesgo a su salud 16 y pudo interrumpirlo. Gracias a las terapias psicoló­gicas ha podido vencer su miedo de salir de casa, a pesar de que su agresor sigue en libertad, y gracias al apoyo de la secundaria técnica a la que asiste pudo retomar sus estudios y terminar la secundaria.

De acuerdo con la OMS, las niñas embarazadas menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproxi­madamente 50 por ciento superior. 17 A pesar de que logró interrumpir su embarazo, tanto la actuación de las autoridades de justicia como las disposiciones del Código de Procedimientos Penales del Estado de México violaron los derechos humanos de Rosa, situación que se agrava por tratarse de una niña.

El caso de Rosa no es único. Las estimaciones de aborto por edad muestran que la tasa más elevada se observa entre las mujeres de 20 a 24 años —de 55 abortos por cada mil mujeres— y desciende gradual­mente con la edad. Sin embargo, las niñas y adolescentes presentan la segunda tasa más alta: 44 por cada mil mujeres. 18 A pesar de ser la única causal de aborto contemplada en todas las entidades federativas del país, el aborto por violación es de difícil acceso. Las víctimas de violencia enfrentan maltrato, falta de información y requisitos sin sustento al acudir al sistema de justicia. Las autoridades incumplen su deber de prevenir la violencia de género y no acogen sus obligaciones de atención. La existencia de plazos y otras barreras para acceder al aborto por violación no son exclusivas del estado de México, también las hay en otras entidades federativas, como se verá más adelante.