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“La Corte y los retos actuales de la justicia constitucional para las mujeres”

miércoles, noviembre 11, 2015

“La Corte y los retos actuales de la justicia constitucional para las mujeres”

Participación de Regina Tamés, directora de GIRE en la mesa «El pensamiento constitucional de la próxima Ministra o Ministro de la Suprema Corte sobre los derechos humanos» parte del Foro “Opinión de la sociedad civil y académicos sobreel perfil de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

  1. Contexto

La Décima Época en el Poder Judicial de la Federación iniciada a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo ha representado un gran reto para acercar la justicia a la ciudadanía.

Actualmente existe una Corte dividida, con dos visiones distintas sobre el alcance y obligaciones del Estado derivadas del artículo 1º. El marco constitucional de derechos humanos exige una Corte comprometida con eficacia real de los derechos humanos, exige replantear la impartición de la justicia constitucional en nuestro país. Organizaciones y organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional han expresado públicamente su preocupación por la grave situación de violación a derechos humanos en México.

Por otro lado, en términos de la integración de la Corte, es importante hacer notar que las mujeres han sido relegadas en el acceso a cargos como impartidoras de justicia. La primera Ministra llegó en 1961, María Cristina Salmorán, tuvieron que pasar 14 años (1975) para que otra mujer pudiera a ocupar otro espacio en el Alto Tribunal. La Ministra Olga Sánchez Cordero fue la novena mujer en integrar la Corte.

También debe señalarse que la primera Jueza Federal fue designada formalmente en 1974; para 1978 había sólo cuatro mujeres en ocupando este cargo. En 1985 había 92 Magistrados y 7 Magistradas, 96 Jueces de Distrito y 5 Juezas.

  1. Acceso a la justicia constitucional para las mujeres

No cabe duda que los retos a vencer son grandes; a pesar de ello no puede sostenerse que uno u otro tema sea más o menos importante en la agenda de derechos humanos; lo que sí se puede asegurar es que históricamente ciertas personas han sido excluidas del reconocimiento y goce de sus derechos humanos.

Las mujeres forman parte de este sector de la población que enfrenta mayores obstáculos para el respeto y ejercicio de sus derechos humanos; a ello deben agregarse las barreras que directa o indirectamente se han erigido en el sistema jurídico, económico, social y político que impiden a las mujeres el acceso a la justicia constitucional.

Entre las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los Estados miembros de la OEA para el cumplimiento de sus obligaciones, se encuentra el acceso opor­tuno a recursos judiciales efectivos para las mujeres.  El principal mecanismo para garantizar la debida investigación de violaciones a los derechos humanos y su sanción es asegurar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a recursos efectivos y protección judicial.

Es cierto que hay avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también es importante ocuparse de los grandes pendientes, un ejemplo de ello son los derechos reproductivos.

En general en México estos derechos no han sido entendidos como tal y por lo tanto poco abordados en las decisiones de la Corte, dejando con ello un importante vacío que debe ser atendido consistentemente por la Suprema Corte y en general por el Poder Judicial del país.

Como síntoma de esos obstáculos en el acceso a la justicia puede anotarse que hasta el momento la Suprema Corte no ha conocido de algún caso de negación de servicios de interrupción legal del embarazo. Tampoco ha habido una sentencia sobre muerte materna o violencia obstétrica. A nivel internacional hay diversos pronunciamientos sobre estos temas, este silencio de la justicia constitucional mexicana es un gran pendiente.

En el caso de la legislación, a pesar de lo establecido por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos en términos de derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, en México existen 18 estados que establecen el aborto como delito aun cuando el embarazo represente afectaciones a la salud de la mujer; 8 entidades aunque la vida de la mujer esté en riesgo. Esta configuración tan restrictiva para el acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva provoca que recurran a abortos clandestinos que ponen en peligro su salud y su vida. Sin que la Corte haya emitido aun ningún pronunciamiento al respecto.

A la par de estos problemas se encuentran los casos documentados y actualmente litigados por GIRE sobre negación de servicios de aborto por violación sexual a mujeres y especialmente a niñas de entre 10 y 14 años de edad, a pesar de tratarse de un derecho de las víctimas.

La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos supone el deber de asegurar que las personas puedan tomar decisiones libres con respecto a su reproducción. En la prác­tica, sin embargo, las mujeres en México enfrentan graves obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos: se les imponen métodos anticonceptivos, son criminalizadas por interrumpir embarazos no deseados, son maltratadas en los servicios de salud obstétrica, mueren en el embarazo, parto y puerperio, son discriminadas al buscar acceder a técnicas de reproducción asistida y se enfrentan con barreras graves para hacer compatible su vida laboral y reproductiva.

No es casual que los temas relacionados con la reproducción y que afectan especialmente a las mujeres no se encuentren suficientemente discutidos por la justicia constitucional en México. En el aspecto histórico tampoco debe pasarse por alto que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1953, hasta entonces la voz de las mujeres pudo escucharse en el seno de la democracia mexicana. Para esa fecha la ley de amparo vigente en aquél momento llevaba 17 años aplicándose.

Esto quiere decir que el juicio de amparo empezó a consolidarse bajo una perspectiva en que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. No debe olvidarse que hasta hace poco los propios criterios de la SCJN se negaban a reconocer la existencia del delito de violación entre cónyuges.

  1. Pensamiento constitucional requerido de la próxima Ministra o Ministro

Con todo esto el Presidente de la República debe tomar en cuenta los retos pendientes de la justicia constitucional en México al momento de hacer la propuesta de terna para ocupar las dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia, quienes con su voto podrán delinear el camino por el que los derechos humanos deben transitar para la consolidación de la democracia en México.

Por su parte el Senado de la República también tiene el compromiso de revisar cuidadosamente los perfiles de quienes sean propuestos para ocupar los espacios que quedarán vacantes en la SCJN. Se debe tener presente que la decisión que se tome repercutirá de manera positiva o negativa en la aplicación real de la Constitución y como consecuencia de los derechos de las mujeres.

Ambos, Presidente y Senado comparten la responsabilidad de garantizar la transparencia en este proceso de designación tan importante para la vida institucional del país.

No debe perderse de vista que la democracia de un país puede evaluarse a través de las decisiones de su tribunal constitucional, cuya legitimidad radica en las decisiones acordes al marco constitucional e internacional de derechos humanos.