México ha alcanzado un récord en los niveles de violencia y asesinatos; los feminicidios han aumentado 111% en cuatro años. Las niñas y mujeres siguen apareciendo asesinadas en baldíos, carreteras, caminos, predios. Sus cuerpos presentan las marcas de actos de tortura, golpes, quemaduras, cortaduras… La violación es común. Estudiantes, trabajadoras de la maquila, activistas feministas como Isabel Cabanillas, las víctimas se siguen sumando a la cuenta sangrienta. Pese a las normas, políticas públicas y recursos dedicados por el Estado, la violencia de género no cesa. En este contexto de impunidad y violencia, la Fiscalía General de la República pretende una reforma al Código Penal Federal para eliminar el tipo penal de feminicidio y reclasificarlo como homicidio agravado.
El fiscal Alejandro Gertz Manero, en una reunión plenaria con un grupo de diputadas y diputados de Morena, a puerta cerrada, pidió esta reforma ya que “nos cuesta más trabajo consignar y judicializar un delito de feminicidio que, un delito de homicidio”. La crítica por parte de diputadas de Morena, feministas y en redes sociales lo llevó a presentarse en la conferencia mañanera de este lunes para aclarar que: “No quiero desaparecer el (delito de) feminicidio, sino facilitar su investigación”.
Para él “hay un grupo muy delicado de seres humanos a los que hay que proteger” e insistió en que el delito del feminicidio “no está suficientemente claro”. Aseguró que la prensa malinterpretó sus palabras y recibió el apoyo del presidente López Obrador, quien dijo que en este tema se trata de “distorsión e información falsa” y no quiere que “el tema sea nada más el feminicidio”. Las diputadas Lorena Villavicencio y Patricia Olamendi han exigido que el feminicidio se incluya en el Plan de Persecución Penal y no dudó en señalar que es grave que no sea considerado como uno de los delitos fundamentales para combatir.
Sin duda, la discusión sobre el Código Penal Único y la 4T representan una oportunidad para repensar y evaluar las medidas que el Estado ha adoptado para cumplir con su obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero esto debe hacerse reconociendo sus obligaciones con diversos instrumentos internacionales como las convenciones de Belém Do Pará y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la larga lucha del movimiento feminista para que se tomen medidas contra el espectro de violencias que viven las mujeres.
El Estado tiene obligaciones que ha adquirido y no puede borrar de un plumazo por su incapacidad para investigar y sancionar. En México, desde 1994 se empezó a hablar de los asesinatos de mujeres y de la necesidad de realizar una conceptualización específica de los asesinatos de mujeres, por razones de género, como feminicidios. Para Lagarde, los feminicidios tienen dos elementos: 1) el asesinato de mujeres por razones de género y 2) la inexistencia o debilidad del estado de derecho que permite que prevalezca la impunidad. Por lo que para Lagarde los feminicidios son crímenes de Estado.
Además, la tipificación del feminicidio ha sido una lucha regional y latinoamericana. Su reconocimiento como una violación de los derechos humanos, como un problema social y una barrera para el desarrollo económico es un logro del movimiento feminista en el que no se dará un paso atrás. El feminicidio es el último eslabón de un continuo de violencia contra la mujer, inscrita en patrones generales de discriminación e impunidad tolerada por las autoridades.
Que quede claro, la impunidad y la corrupción en los sistemas de procuración de justicia son temas de género. Marcela Lagarde analizó la impunidad y violencia institucional, la discriminación en el acceso a la justicia y la aplicación de la ley. Para ella, las mujeres no tienen acceso al sistema judicial y, cuando lo tienen, los impartidores de justicia no toman en serio los relatos de las mujeres. Al no castigar a los responsables se incentiva la criminalidad, pues sugiere que la vida de las mujeres no importa.
Reconocer los obstáculos y dificultades para judicializar y contar los feminicidios no implica eliminar la tipificación sino entender estos retos para tener más herramientas para enfrentarlos. Uno de ellos ha sido la falta de homologación y ambigüedad en la tipificación, a la cual se podría hacer frente desde la propuesta de código penal único. Mientras la impunidad sea una de las causas por las que se perpetúa la violencia de género, el Estado seguirá violando los derechos de las mujeres a la vida y a la seguridad.