La inclusión del aborto en los códigos penales tiene un efecto inhibitorio en la oferta del servicio, pues existe temor por las sanciones impuestas a quienes auxilian el procedimiento. Por ello, es necesario eliminar por completo el delito de aborto de los códigos penales y considerarlo un tema exclusivo de las regulaciones y de la política pública sanitarias.
Hoy, en 22 estados del país es legal el aborto hasta la semana 12, pero hace falta eliminarlo de los códigos penales que el aborto sea reconocido como un servicio se salud y deje de ser regulado como un delito.
A 18 años de la implementación del aborto legal en Ciudad de México, 22 entidades se han pintado de verde en todo el país, pero está pendiente que —conforme a lo ordenado por la SCJN— se derogue el delito de aborto del Código Penal Federal y se garanticen los derechos reproductivos de acuerdo con los estándares más altos de protección a los derechos humanos.
Nos preparamos para enfrentar un año desafiante consolidando un equipo comprometido y capacitado, listo para correr esta carrera de largo aliento. Ante la amenaza de actos que buscan restringir, eliminar o desconocer los avances conquistados, el profesionalismo y la tenacidad de cada integrante han sido primordiales para sostener las victorias por la justicia reproductiva.
Desde GIRE creemos que cambiar el mundo puede empezar soñando en colectivo. Por ello lanzamos Abortitlán, un lugar donde la autonomía reproductiva es un derecho compartido. Se trata de una campaña para ver el aborto con otros ojos, y una invitación a construir una realidad sin estigmas, donde decidir sobre el cuerpo sea tan libre como respirar.
Atender las necesidades de las personas menstruantes en los entornos laborales aún es una asignatura pendiente; sólo cuatro entidades han legislado en esta materia y para muchas la realidad es adversa.
Las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de gestación por sustitución ponen en evidencia la necesidad de que las autoridades federales regulen las técnicas de reproducción asistida con criterios apegados a derechos humanos y a la ciencia médica.
Las sentencias de la Corte IDH y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han contribuido a establecer estándares de derechos humanos que se basan en la igualdad, la no discriminación y el derecho de todas las personas a acceder a técnicas de reproducción asistida.
El proceso de estudio y dictaminación de las iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán debe realizarse con perspectiva de género y sumando la participación de todas aquellas personas que desean un estado más igualitario e inclusivo.