Después de más de 30 años de acompañamiento legal e investigación, desde GIRE sostenemos que la criminalización del aborto continúa vigente. Muchas mujeres siguen enfrentando denuncias, carpetas de investigación, acciones penales ejercidas y cuestionamientos por parte de autoridades en contextos hospitalarios, aun cuando buscan atención por emergencias obstétricas.
La condena contra Guatemala por el caso de Fátima reconfigura el debate sobre los derechos reproductivos en América Latina. Junto a la de Perú en 2023, y las de Ecuador y Nicaragua en 2025, sienta las bases para una transformación profunda en la región.
Clínicas de aborto sin protocolos inclusivos, personal de salud que cuestiona la identidad de género y precariedad laboral más aguda son algunas de las barreras que enfrentan los hombres trans y las personas no binaries con capacidad de gestar.
GIRE, el Instituto Uehiro de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM buscan fortalecer una agenda común que contribuya, de manera sostenida y articulada, a erradicar la violencia obstétrica en México.
En tiempos adversos y ante la oleada conservadora que amenaza lo que se ha ganado en términos de derechos reproductivos en América Latina, es necesario tener presentes los esfuerzos colectivos para fortalecer los logros sin bajar la guardia.
Para prevenir, atender y erradicar la violencia obstétrica es imprescindible actuar desde diversos frentes. Los esfuerzos que surgen desde la sociedad civil abonan a dejar de normalizar las violaciones a los derechos humanos en la atención del embarazo, parto y puerperio.
Si bien el panorama actual es más favorable en términos de percepción social, es necesario seguir trabajando para sostener los avances y fortalecer el reconocimiento del aborto como un servicio de salud. Para ello es crucial la despenalización total y que sea un tema exclusivo de la regulación sanitaria.
La inclusión del aborto en los códigos penales tiene un efecto inhibitorio en la oferta del servicio, pues existe temor por las sanciones impuestas a quienes auxilian el procedimiento. Por ello, es necesario eliminar por completo el delito de aborto de los códigos penales y considerarlo un tema exclusivo de las regulaciones y de la política pública sanitarias.
Hoy, en 22 estados del país es legal el aborto hasta la semana 12, pero hace falta eliminarlo de los códigos penales que el aborto sea reconocido como un servicio se salud y deje de ser regulado como un delito.