Es indispensable garantizar una atención integral que incluya la salud sexual y reproductiva para las personas en movilidad, quienes, además de enfrentar discriminación y estigma por el acto de migrar, están expuestas a múltiples violencias y la desprotección del Estado.
Cuando el sistema de salud cuestiona o corrige se levantan barreras que limitan el ejercicio de los derechos. Por ello, colocar la autonomía reproductiva en el centro de la atención es imprescindible, lo cual implica reconocer que las mujeres y personas gestantes pueden tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo.
La decisión de llevar la violencia obstétrica al Código Penal de Michoacán desplaza la responsabilidad del Estado hacia respuestas punitivas que resultan insuficientes para garantizar derechos. El llamado es a abandonar el uso del derecho penal y apostar por políticas públicas integrales que transformen las condiciones en que se brinda la atención.
Los logros alcanzados en materia de aborto no son definitivos. En el contexto actual, resulta indispensable evitar retrocesos y asegurar que lo alcanzado tenga efectos reales en la vida de las personas.
El Argumentario es una herramienta digital que permite visualizar de manera sistematizada y categorizada los principales argumentos utilizados en los procesos de legalización del aborto en Argentina, Colombia y México.
De cara a 2026, el reto no es menor: convertir los avances jurídicos en derechos plenamente ejercidos en la vida cotidiana. Para ello habrá que transitar de la regulación penal de los procesos reproductivos a la garantía plena de derechos, del reconocimiento legal al acceso efectivo, y del discurso a prácticas institucionales de calidad, libres de violencia y estigma.
2025 fue un año que nos exigió adaptarnos, y nos enseñó que la fuerza del movimiento feminista, la solidaridad de las comunidades y la convicción de quienes defienden la autonomía reproductiva siguen siendo los motores esenciales en tiempos de incertidumbre.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en Tlaxcala y fijó un límite importante para las leyes estatales que intenten imponer trámites, permisos o controles punitivos para acceder a servicios de salud reproductiva.
En la actualidad, cuando el feminismo y los estudios de género han sido cuestionados y puestos bajo sospecha, y se han frenado los avances igualitarios en muchos países de nuestro continente, es indispensable exigir que se cumpla con la obligación de juzgar con perspectiva de género.