Imelda Cortez, una joven salvadoreña de 20 años quedó embarazada como resultado de las constantes violaciones de su padrastro desde que ella tenía 12 años. Dio a luz en una letrina en Jiquilisco, un municipio rural del departamento de Usulután, en El Salvador. Ella tiene una leve discapacidad cognitiva, es víctima de la exclusión y la pobreza, y el Estado salvadoreño ha decidido acusarla de homicidio agravado.
Imelda relata que el 17 de abril de 2017 fue a una letrina y sintió que expulsó algo. De inmediato se percató que sangraba y, debido al dolor, se desmayó. Antes de desvanecerse gritó pidiendo ayuda a su madre. Con ayuda de una vecina, la madre de Imelda la llevó al Hospital Nacional de Jiquilisco. Mientras la atendían fue interrogada sobre su parto extrahospitalario y la doctora dio aviso a la Policía Nacional Civil. Imelda quedó detenida en el hospital.
Imelda fue acusada de homicidio agravado en grado de tentativa, pues su hija fue rescatada viva. Desde abril de 2007 está presa en el Centro Penitenciario San Miguel donde espera a que se confirme su sentencia a 20 años de prisión. Desde que comenzó su proceso en abril del 2017 Imelda ha sufrido varias violaciones a sus derechos: se le dictó prisión preventiva sin justificación alguna; en nueve ocasiones se le canceló el peritaje psicológico; su audiencia preliminar se suspendió siete veces ante la falta de peritaje psicológico; pese a que se confirmó una leve condición de discapacidad cognitiva, esto no ha sido considerado en el proceso. Lo peor, no se admitió una medida sustitutiva a la prisión.
La Fiscalía General de la República ha fallado en actuar con la misma diligencia contra el padrastro de Imelda. Fue hasta este año que lo detuvieron, por gestión de las organizaciones civiles que acompañan a Imelda. Además,el juez responsable no aceptó que se incorpore la prueba de ADN que confirma la paternidad de su padrastro y, por lo tanto, la violación.
El próximo 17 de diciembre podría cometerse una grave injusticia ya que Imelda podría ser condenada a más de 20 años de prisión por su parto extrahospitalario. Ella es una de las 27 mujeres presas que han sido criminalizadas injustamente por tener emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios en El Salvador. En todos los casos el perfil es el mismo: jóvenes que viven en situación de pobreza.
El Salvador tiene una prohibición total del aborto desde 1998, con regularidad las mujeres son apresadas debido a partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas. En febrero de este año fue liberada Teodora, una mujer que pasó diez años en prisión acusada de homicidio agravado. Gracias a una campaña de organizaciones de derechos humanos se redujo su sentencia y pudo salir libre. De otro modo, Teodora hubiera pasado 30 años en prisión.
Mientras tanto en México, legisladores de Aguascalientes impulsan la protección de la vida en su constitución local, en un movimiento que genera incertidumbre jurídica a las mujeres en situaciones como la de Imelda o Teodora. En el informe de GIRE sobre criminalización del aborto en México hemos documentado un par de casos en Aguascalientes:
En 2014, Paola tuvo un parto prematuro y, debido a la prematurez extrema, el producto falleció 15 minutos después del parto. El personal médico llamó a la policía de investigación para interrogarla. Un año después,
Por su lado, en mayo de 2016 Irene acudió al Hospital General de Zona No. 1 por un sangrado transvaginal, esa misma noche fue reportada a la agencia de ministerio público por un presunto aborto. Tres días después fue presentada ante el Juez Cuarto de lo Penal y se le ordenó libertad provisional con una fianza de 15 mil pesos, Sin embargo, más tarde se dictó un auto de formal prisión que anulaba la orden anterior. Entre otras cosas, Irene perdió la oportunidad de estudiar en el extranjero al perder una beca debido a que el proceso le impidió abandonar el país. Irene sigue esperando que se cierre la carpeta en su contra.
De aprobarse la iniciativa en el congreso, la criminalización de las mujeres que sufren emergencias obstétricas se agravaría, además de que las víctimas de violencia sexual que tienen derecho a interrumpir su embarazo enfrentarían mayores obstáculos para ejercer su derecho. Tal es el caso de Karina, de 16 años, que en Sinaloa sufre la negativa de interrupción legal del embarazo.
Mientras, Acción Nacional alista una iniciativa en el Congreso en el mismo sentido de “protección de la vida”. Esta es una respuesta a la llegada de la Marea Verde al Congreso con la discusión de iniciativas de despenalización. Aunque la iniciativa no prospere el mensaje es claro: la vida de las mujeres no importa.