La violencia obstétrica es un problema grave de violación a los derechos humanos de las mujeres y no de una situación excepcional o esporádica, y la denuncia es una vía de acceso a la justicia.
A pesar de los avances logrados a nivel normativo y de política pública para el reconocimiento de la violencia obstétrica y las prácticas que la constituyen, en México hay una importante ausencia de registros específicos sobre quiénes, dónde y cuándo han sufrido este tipo de violencia. Para erradicar la recurrencia de estos casos y asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia es esencial que se identifique la responsabilidad del Estado a través de la denuncia por parte de quienes han visto vulnerados sus derechos reproductivos en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio.
El año pasado, la ONU reconoció la existencia y gravedad de la violencia obstétrica en el informe presentado por Dubravka Šimonović, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, cuyas recomendaciones a los Estados incluyen “afrontar el problema del maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva y en la atención del parto desde una perspectiva de derechos humanos, y utilizarla para realizar una investigación independiente sobre las denuncias del maltrato y la violencia de género que sufren las mujeres en los centros de salud”.
En 2016, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) incorporó por primera vez preguntas destinadas a evaluar aspectos de la experiencia de las mujeres durante su último parto. Esta encuesta ha permitido tener un diagnóstico más completo sobre la magnitud y variables asociadas con la violencia obstétrica, y los datos que arroja confirman que se trata de un problema grave de violación a los derechos humanos de las mujeres y no de una situación excepcional o esporádica. Pero, ¿saben las mujeres y sus familias que existen mecanismos para denunciar las acciones u omisiones que vulneran sus derechos reproductivos? ¿Hay claridad sobre la forma de utilizarlos?
En situaciones de violencia obstétrica, la denuncia es una vía de acceso a la justicia y por ello es necesario que se conozcan los mecanismos para hacerlo: se puede presentar una queja en los buzones de las instituciones de salud donde se brinda atención del embarazo, parto y puerperio; acudir a la Comisión Nacional (o Estatal) de Arbitraje Médico, a las Comisiones de Derechos Humanos o también explorar la posibilidad de denunciar penalmente.
Si bien cada institución de salud determina el procedimiento que se debe seguir, el escrito de queja ante la unidad de contraloría interna es el recurso más inmediato que tienen las personas ante un caso de violencia obstétrica, pues es el punto de partida para realizar la investigación correspondiente de los hechos.
Si una mujer está viviendo violencia obstétrica y su salud o su vida corren peligro, un familiar puede tramitar una demanda de amparo, presentándose ante los juzgados de distrito que dependen del Poder Judicial de la Federación. Para que el amparo pueda tramitarse, es muy importante que dicho familiar mencione que la vida de la mujer está en peligro. Con esto, el juez puede ordenar a la institución de salud que le brinden todos los servicios que necesite para estar bien.
Si la violencia obstétrica que enfrenta o enfrentó una mujer no pone en riesgo su vida, puede presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —que investiga y emite recomendaciones a las autoridades federales como hospitales y clínicas del IMSS e ISSSTE— o en las comisiones locales —que atienden todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades locales. Siempre es importante saber cuándo ocurrieron los hechos. Si tienen menos de un año, se puede presentar la queja ante la comisión de derechos humanos que corresponda; si ya pasó más de un año, pero la mujer aún vive con consecuencias en su salud derivadas de la violencia obstétrica, por las que necesita atención médica, también se puede presentar una queja ante estas mismas comisiones, pues el plazo de un año no transcurre hasta que ella no se encuentre bien de salud. Es recomendable que al tramitar la queja se describan los hechos con el mayor número de detalles posible y se presenten los documentos médicos con que se cuente.
Otra opción es acudir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud federal, cuyas principales atribuciones consisten en asesorar a las personas usuarias de servicios médicos, atender quejas e irregularidades en el servicio médico, intervenir en conciliaciones entre prestadores de servicios y personas usuarias, fungir en el arbitraje entre ambos, y emitir opiniones técnicas sobre asuntos de carácter general.
Por otro lado, se puede interponer una denuncia penal. GIRE considera que esta vía individualiza el problema y difícilmente contribuirá a evitar prácticas de violencia obstétrica que tienen un carácter estructural. Sin embargo, en la actualidad, algunas entidades federativas han optado por incluir la violencia obstétrica como un delito en sus códigos penales: Chiapas, estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes —que no le llama violencia obstétrica, pero establece en su código penal sanciones para las mismas conductas que la constituyen—, Puebla —que lo acaba de aprobar, aunque la reforma aún no se publica— y Yucatán.
Informar sobre estos mecanismos a las mujeres que solicitan atención médica durante el embarazo, parto y puerperio contribuirá a la prevención de futuros casos de violencia obstétrica y a la creación de estrategias para erradicarla. Si conoces o acompañas a mujeres y familias que han pasado o están pasando por una situación así, hazles saber que pueden presentar una queja. Aunque contienen limitaciones, estos mecanismos permiten contar con mayor claridad y evidencia sobre el carácter estructural de un problema que aqueja a miles de mujeres. La denuncia es una vía de acceso a la justicia: alcemos la voz para hacer más visibles las violaciones a los derechos reproductivos.