Por: Dunia Campos (@DuniaVerona)
La semana pasada los derechos laborales de las trabajadoras del hogar cobraron mayor relevancia en la discusión pública debido, por una parte, al fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el amparo directo 9/2018 y, por otra, a la iniciativa que un grupo de senadoras presentaron para garantizar los derechos laborales de más de 2 millones 300 mil trabajadoras del hogar.
Cabe recordar que el amparo fue interpuesto por una trabajadora del hogar para el reconocimiento de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y de antigüedad, así como inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), correspondientes al trabajo doméstico realizado del año 1959 a 2016 y que incluyó planchado, comida, lavado de ropa y limpieza del hogar y las áreas comunes del edificio, en un horario de 8 a 17 h, de lunes a sábado, sin contar con tiempo para comer.
La SCJN aprobó el proyecto del ministro Pérez Dayán y declaró discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del IMSS, pues dejar el trabajo doméstico fuera de la protección social afecta mucho más a las mujeres por ser ellas quienes, preponderantemente, realizan esta labor: de acuerdo con datos del INEGI, 9 de cada 10 empleados del hogar son mujeres.
Jornadas extensas, salarios bajos y condiciones inadecuadas han caracterizado al trabajo doméstico, lo que impide a quienes desempeñan esta labor tener acceso a prestaciones sociales y generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias. Debido a esto, la SCJN concedió el amparo “para hacer del conocimiento del IMSS esa situación discriminatoria y ordenar que dentro de un plazo prudente —primer semestre de 2019— implemente un programa piloto que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar que a su vez entregue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales”.
La Corte determinó que, en un plazo no mayor a los 18 meses a partir de que se implemente el programa piloto, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales que se requieren para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar, de modo que, en no más de tres años, se logre la seguridad social “efectiva, robusta y suficiente” para la totalidad de las empleadas domésticas en México.
Por otra parte, la iniciativa presentada por las senadoras Malú Mícher de Morena, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y Xóchitl Gálvez del PAN, entre otras, propone reformar, adicionar y derogar varias disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con los siguientes objetivos: prohibir la contratación de personas menores de 15 años; establecer un contrato escrito que incluya, como mínimo, dirección del lugar de trabajo habitual, fecha de inicio, duración y término, tipo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo, pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal, según sea el caso, suministro de alimentos y alojamiento, cuando procedan; dotar a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad a no ser discriminados, así como las mismas condiciones de trabajo que las nacionales; que las jornadas de personas trabajadoras del hogar, residentes en el domicilio, no excedan las 8 horas diarias de trabajo y, en caso de hacerlo, se les consideren horas extra, y que cuenten con las prestaciones establecidas en la ley tales como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social y aguinaldo.
Desde GIRE celebramos el fallo de la SCJN y la iniciativa a favor de las trabajadoras del hogar presentada en el Senado, y recordamos que hace unos meses el Comité CEDAW instó al Estado mexicano a que “revise el marco jurídico de protección social para formular una política integral que asegure a los trabajadores domésticos acceso en pie de igualdad a una remuneración y tratamiento iguales por trabajo de igual valor, con inclusión de prestaciones, así como acceso en pie de igualdad a la seguridad social y a condiciones de trabajo seguras”.
En este sentido, lo ocurrido la semana pasada es una oportunidad para continuar con la exigencia al Senado de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, tal como lo han señalado las organizaciones de la sociedad civil y las trabajadoras del hogar, que durante muchos años han luchado por el reconocimiento de sus derechos.
* Dunia Campos es responsable de contenidos y campañas en @GIRE_mx.