La pregunta vale para todo el país, pero hablamos de Hidalgo porque en los próximos días se discutirá, en medio de una pugna entre dos corrientes de Morena, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Con ello podría convertirse en la tercera entidad en tener este tipo de legislación progresista que las mujeres llevan tanto tiempo demandando.
Muchos son los argumentos que se podrían esgrimir. Una de ellos es, sin duda, el proceso de criminalización por aborto que, en todo el país, sigue patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución, y ahí son cuestionadas, denunciadas e interrogadas. Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”.
Enfrentar un proceso penal por aborto, sin importar el sentido de la sentencia, puede tener consecuencias permanentes en la vida de las personas denunciadas, su familia y la relación con su comunidad.
Tal es el caso de Rebeca, una mujer de Hidalgo que cursaba un embarazo deseado. Seguía estrictamente sus controles prenatales, debido a que tenía un embarazo de alto riesgo, y portaba una pulsera del IMSS que le permitía el acceso a servicios de urgencia médica. Una mañana en febrero de 2012 se sintió afiebrada debido a una infección en vías respiratorias. Cuando se metió a bañar para bajarse la fiebre, tuvo un sangrado y arrojó dos coágulos, por lo que su mamá decidió llevarla al hospital. El médico que la revisó afirmó que se había colocado una pastilla abortiva y le dijo a una enfermera que llamara al ministerio público; también impidió que Rebeca hablara con su mamá.
Rebeca fue sujeta a un proceso penal acusada de tentativa de aborto. Fue privada de la libertad en una cárcel de su entidad durante 19 días bajo condiciones precarias e insalubres, lo que deterioró su salud. Al enterarse del caso, GIRE cubrió la fianza para que Rebeca obtuviera la libertad provisional, y presentó un amparo en contra del auto de formal prisión, mismo que fue resuelto el siguiente enero con una sentencia favorable. El ministerio público interpuso una apelación en el caso de Rebeca, pero en octubre de 2013 se obtuvo la resolución final a favor de ella, por lo que pudo solicitar la devolución de la fianza otorgada.
De acuerdo con datos obtenidos por GIRE vía solicitudes de acceso a la información, durante el periodo de enero 2007 a diciembre 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto. Hidalgo se encuentra entre los cinco estados de la República Mexicana en los que se presentaron más denuncias (207), junto con Ciudad de México (894), Baja California (466), Veracruz (416) y Nuevo León (339). Además, forma parte de los cinco estados en los que hubo más sentencias por este delito (12 mujeres/3 hombres), junto con Estado de México (38), Veracruz (18 mujeres/20 hombres), Tamaulipas (14 mujeres/5 hombres) y Sonora (11 mujeres/7 hombres).
Ante las restricciones que enfrentan en sus lugares de residencia, muchas mujeres han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a un servicio de aborto que no ponga en riesgo su salud y su vida. El Programa de Interrupción Legal del Embarazo (Programa ILE), en esta ciudad, ha sido un ejemplo nacional y regional de acceso a servicios de aborto legales, seguros y gratuitos que se brindan tanto a mujeres residentes de la Ciudad de México como de otras entidades e, incluso, de otros países. Según información de la Secretaría de Salud local, mil 180 mujeres provenientes de Hidalgo han recibido servicios de ILE en CDMX, convirtiéndose en la tercera entidad con más mujeres que acuden a este servicio. La demanda de las hidalguenses es contundente.
Actualmente, las mujeres tienen más o menos derecho de acceder a un aborto bajo un marco legal de acuerdo con su lugar de residencia. Actualmente, once entidades tienen iniciativas de reforma para permitir el aborto por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, lo cual significa una oportunidad para terminar con la discriminación jurídica a la que son sujetas quienes no viven en Oaxaca ni en la Ciudad de México. Esta semana es el turno de Hidalgo.
La reforma recién aprobada en Oaxaca para despenalizar el aborto es ejemplo e impulso para continuar en la búsqueda de justicia reproductiva, por ello, debemos insistir en que la despenalización permite ampliar libertades y, con ello, proteger la vida y la salud de las mujeres.