Por: Yolanda Molina Reyes (@appleninde)
En diciembre de 2012, Hortencia —mujer de 37 años con tres hijos e ilusionada por el cuarto que venía en camino— falleció a causa de las complicaciones de una eclampsia tardíamente atendida.
De acuerdo con su viudo, Miguel, él la llevó al Hospital Obstétrico de Pachuca porque se sentía muy mal. En la institución la dejaron en una silla de ruedas por más de cuatro horas, cuando alguien del personal médico se dio cuenta que había perdido la consciencia. A Miguel le informaron que tenía muerte cerebral y había que hacerle una cesárea de emergencia para salvar a su hijo, quien desgraciadamente fue diagnosticado con retraso psicomotor grave, una consecuencia de la deficiente atención que recibió su madre antes de morir.
En enero de 2013, Miguel acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en busca de ayuda, pues las deudas que ocasionó la muerte de Hortencia y el tratamiento de E., su hijo menor, tenían a la familia en aprietos. Ese día se inició la queja en contra del Hospital obstétrico de Pachuca por las violaciones cometidas en perjuicio de Hortencia. La investigación concluyó en la recomendación R-VGJ-0040-13 que determina que existieron omisiones en el actuar del personal de la institución que influyeron en el deceso de Hortencia.
Miguel regresó a la Comisión, le dieron una copia de la recomendación y le explicaron que si quería hacerla valer tenía que ir a la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, pues era “la única vía por la que se repararía el daño”. Así inició la odisea que dejó más endeudada a la familia y con el resentimiento de que en México la justicia no existe.
En octubre de 2013, el anterior secretario de Salud del Estado de Hidalgo y director general de los Servicios de Salud de Hidalgo, Pedro Luis Noble Monterrubio, aceptó la recomendación de Hortencia en todos sus puntos. Sin embargo, existe un abismo entre la aceptación de una recomendación y su cumplimiento. En la familia de Hortencia prevaleció la incertidumbre porque nunca hubo fecha cierta para que la rehabilitación, la investigación, la satisfacción, la indemnización y —más importante— las medidas de no repetición, se materializaran en acciones.
Si la Secretaría de Salud en aquel 2013 hubiese dado cumplimiento a la recomendación, hubiera marcado la diferencia en la historia de la familia de Hortencia y la de muchas mujeres que murieron por causas prevenibles, igual que ella.
Un caso específico que pudo prevenirse y que conocemos en GIRE es el de Mireya: una adolescente de 17 años que en junio de 2015 estaba embarazada de su novio F. de 16 años. La noticia tomó por sorpresa a sus familias, pero decidieron apoyarlos con la decisión de continuar con el embarazo. Mireya llevaba dos controles prenatales, uno privado y otro en el centro de salud de San Miguel Nopalapa. Cuando se acercaba el momento del parto, fue referida al Hospital Obstétrico de Pachuca, el mismo donde tres años antes murió Hortencia.
Ahí les dijeron que el bebé tenía enredado el cordón umbilical en el cuello y tenían que operarla de emergencia. F., que era menor de edad, firmo un consentimiento sin entender del todo lo que pasaba. Cuando la madre de F. pudo llegar al hospital, les informaron que no era necesario que alguien se quedara a cuidar de Mireya, pues el bebé y ella se encontraban muy bien de salud. Pero Mireya falleció 24 horas más tarde, a causa de un shock hemorrágico generalizado, una muerte totalmente prevenible si las enfermeras y los médicos de guardia hubieran realizado sus rondas aquella noche, checado sus signos vitales y atendido los gritos de dolor que ella dio hasta que perdió toda la fuerza. La familia de Mireya presentó una queja ante la CDHEH y en diciembre de 2015 emitieron la recomendación RVG-007-2015.
Cuando en GIRE leímos la recomendación nos llevamos una gran sorpresa, pues en uno de sus últimos párrafos la CDHEH enlistó las tres recomendaciones que habían emitido desde 2010 en contra del Hospital Obstetrico de Pachuca por las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres. Esto significaba que entre la muerte de Hortencia en 2012 y la de Mireya en 2015, la Secretaría de Salud no había implementado ninguna medida efectiva para garantizar la no repetición de los hechos.
La muerte de estas mujeres en Hidalgo es un ejemplo de las terribles consecuencias que provocan las omisiones de las autoridades cuando no se hacen cargo de reparar a tiempo y de manera integral las violaciones a los derechos humanos que sus instituciones han causado.
Mientras esperamos que la actual secretaria, Edna Geraldina García Gordillo, dé respuesta a los oficios donde exigimos la reparación a las familias de Hortencia y Mireya, pensamos en lo diferente que sería cada una de sus historias si desde 2010 la Secretaría de Salud hubiese atendido sus obligaciones en materia de prevención de la mortalidad materna.
En Hidalgo se aproxima el cambio de gobierno. Otro u otra secretaria se nombrará, lo que provocará un nuevo retraso en el seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
El Hospital sigue en las mismas condiciones, rebasado por la cantidad de mujeres que acuden, siempre con la esperanza de salir vivas de ahí.
A cuatro años de la muerte de Hortencia, su familia conserva un poco de esperanza en que pronto la Secretaría de Salud reparará el daño. La salud de E., su hijo menor, lo necesita con urgencia, pues los estudios, los medicamentos, los aparatos y las rehabilitaciones no han esperado a “la buena voluntad” de las autoridades.
En un año, la familia de Mireya ha trasformado su dolor en un motor que hace que su ausencia sea más llevadera. Su objetivo es lograr que la Secretaría garantice que ninguna otra mujer muera por la falta de personal, de recursos e infraestructura que persiste en el Hospital Obstétrico de Pachuca.
* Yolanda Molina Reyes es abogada de Documentación y Litigio de casos de @GIRE_mx.