Por: Jimena Soria (@jimesoria)
El mes de abril en México empezó con la noticia de tres mujeres embarazadas a las que asesinaron para, presuntamente, quitarles al producto del embarazo. Estos casos se presentaron en los estados de Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. Pese a que la noticia nos tomó por sorpresa por la gravedad de las acciones, el móvil de los asesinatos y la forma en la que se realizaron no son nuevos ni aislados. En 2018 se han presentado al menos ocho casos y hay organizaciones de la sociedad civil que hablan sobre más de 2 mil ataques a mujeres embarazadas de 2014 a la fecha. Este fenómeno nos demuestra una vez más que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de las mujeres y que el valorar al producto por encima de la vida y salud de las mujeres ha llegado al extremo en el que se mata a las mujeres para robarles a sus hijos.
Jessica Gabriela desapareció el 27 de marzo tras salir de su domicilio en Tamaulipas para reunirse con una persona que la había contactado en Facebook y le había ofrecido ropa para su bebé, de acuerdo con su hermana. Tras asesinarla y extraerle al bebé, la presunta responsable acudió al Hospital General Carlos Canseco en Tampico, Tamaulipas, con el recién nacido muerto. Fue por la denuncia del personal del hospital que se pudo localizar su cuerpo el 1 de abril.
En el caso de Jenny Judith, tras acudir a una consulta prenatal con su mamá el 2 de abril, fue abordada afuera del hospital en Lerdo de Tejada, Veracruz, por una mujer que le ofreció regalarle ropa de bebé y que posteriormente abordó un taxi con ella. Su cuerpo fue localizado con heridas en el abdomen y su hijo fue recuperado un día después en una casa en Alvarado, Veracruz.
Finalmente, en el caso de Alba Lizbeth, el 1 de abril ella abordó un moto taxi con su hijo de cuatro años, camino a su casa. Su cuerpo fue hallado el 4 de abril en un camino del Fraccionamiento Pomoca, en Nacajuca, Tabasco, y su hijo fue localizado herido.
Cuesta trabajo imaginar que todas estas historias ocurrieron casi de manera simultánea, por lo que pareciera que estamos ante un nuevo tipo de violencia específica en contra de las mujeres embarazadas en México. Los tres casos recientes de Jessica Gabriela, Jenny Judith y Alba Lizbeth comparten varias características que vale la pena analizar.
Jessica tenía 20 años, Jenny, 23 años, y Judith, 25 años. Todas cursaban embarazos de entre ocho y nueve meses. En el caso de Jessica y Jenny, ambas fueron engañadas por mujeres desconocidas que les ofrecieron ropa para sus bebés y, tras aceptar, nunca volvieron a sus casas, lo que refleja una carencia de recursos. Además, era el primer embarazo de ambas.
Sus historias se unen a las de mujeres como Reyna Alicia, de 22 años, que desapareció el 2 de abril junto con su hija que tenía 16 días de nacida en Oaxaca. El cuerpo de Reyna fue encontrado en un tambo de agua de 200 litros y su hija aún continúa desaparecida. O el caso de Jessica de 21 años, que tenía nueve meses de embarazo y desapareció en Hidalgo el 9 de marzo y dos días después fue localizada en el estado de México, sin embarazo ni bebé. Llama la atención que en este caso la Procuraduría de Hidalgo determinó que ella no estaba embarazada al momento de su desaparición.
Estos casos han vuelto a poner el foco en el entorno de violencia estructural hacia las mujeres en el que vivimos en México, que se ve reflejada en el hecho de que casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida y en que al menos 430 mujeres fueron asesinadas en 2016 en México, de acuerdo con el INEGI. Resalta de nueva cuenta lo insuficientes que son las políticas públicas implementadas por el Estado y la necesidad de implementar acciones que resuelvan el problema de fondo.
Adicionalmente, las mujeres con embarazos deseados en México tienen un nivel de vulnerabilidad específico y se enfrentan a situaciones como la discriminación laboral, el despido por embarazo, la doble afectación de la violencia intrafamiliar o doméstica, el riesgo constante de abortos espontáneos y la deficiente atención médica que deriva muchas veces en violencia obstétrica e incluso en muerte materna. A todo este patrón de violencia específica se la agrega el componente de tener que salvaguardar su integridad ante estos atentados contra su vida para robarles a los menores.
Hasta ahora las respuestas que han surgido por parte del Estado y de la sociedad han ido en dos sentidos. En primer lugar, desde la sociedad existe un llamado de alerta hacia las mujeres embarazadas que las invita a tomar precauciones para no ser asesinadas (por muy absurdo que parezca, ése es el país en el que vivimos). Dentro de estas precauciones están no caminar sola en la noche, no dar información sobre sus embarazos a personas desconocidas, no subir a vehículos de personas desconocidas y, en casos de recibir ofertas de apoyos para los bebés, no asistir sola. Estas medidas trasladan a las mujeres embarazadas la responsabilidad de cuidarse e incluso podrían ser medidas que revictimicen a quienes hayan sido víctimas de estos ataques. Igualito que cuando nos dicen que si nos acosan es nuestra culpa por cómo nos vestimos.
En segundo lugar, a pesar de que estos asesinatos significan un vacío del Estado, la respuesta que éste ha dado ha sido en el sentido de no reconocer la complejidad, la gravedad y las dimensiones del problema. Asimismo, las autoridades se han enfocado en dar información sobre las detenciones de los presuntos responsables y su vinculación a los procesos; dejando de lado el contexto en el que están ocurriendo y sus patrones. Particularmente, la Procuraduría de Tamaulipas declaró sobre el caso de Jessica que era un “caso único”. Asimismo, en este caso la primera audiencia se enfocó en la muerte del menor y no en el asesinato de Jessica. Por su parte, el fiscal de Veracruz al relatar los hechos hizo énfasis en la decisión de Jenny de abordar un taxi “sola”. Aunado a esto se encuentra el interés superior de los menores para garantizar que los que siguen desaparecidos, regresen con sus familias.
Los asesinatos de Jessica Gabriela, Jenny Judith, Alba Lizbeth y Reyna Alicia nos recuerdan que en este país los cuerpos y las vidas de las mujeres son percibidos como desechables, al punto en el que lo que más se valora de nosotras son los productos en gestación. Nuestras vidas importan. Ni una asesinada más.