Han pasado 11 años desde la última vez que el Estado mexicano fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Esta semana será sometido a un nuevo Examen, se centrará en los Informes Periódicos V y VI del Estado mexicano sobre el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en la información proporcionada por diversas organizaciones de la sociedad civil que han preparado Informes Alternativos.
Destaca el Informe Alternativo conjunto suscrito por más de 150 colectivos, organizaciones y redes. En éste se afirma que la grave crisis de derechos humanos que vive el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales como las empresas. Éstas permanecen en la impunidad tanto por corrupción y falta de voluntad política de las autoridades como por la deficiencia de recursos jurídicos nacionales apropiados para la justiciabilidad de estos derechos.
El Informe Alternativo que presentan las organizaciones documenta y expone las limitaciones, los obstáculos, los retrocesos y los desafíos en México en materia de los derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al agua y al saneamiento, a la seguridad social, al trabajo, a condiciones laborales dignas, a la libertad sindical, a la protección y asistencia a la familia, al medio ambiente sano, a la libre determinación de los pueblos y a la protección del patrimonio biocultural.
También señalan también la renuencia del Estado mexicano a adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC que permitiría llevar casos de violaciones a estos derechos a nivel internacional ante la falta de acceso a la justicia en México. A las organizaciones les preocupa la falta de reconocimiento de diversos problemas y desafíos en los Informes que el Estado mexicano remitió al Comité, y por ende que muchas de las medidas que reporta el gobierno federal para atender sus obligaciones en estos derechos sean inapropiadas y poco eficaces.
El Comité cuestionará al Estado mexicano sobre estos y otros temas para determinar si las medidas legislativas, presupuestales, judiciales y de política pública adoptadas desde el anterior examen en 2006 han sido las más apropiadas para impulsar el avance de los DESCA en el país. Asimismo, le cuestionará sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones que le dirigió anteriormente.
Los Informes Alternativos de la sociedad civil son pieza clave en este proceso ya que revelan al Comité los numerosos temas que conforman la agenda pendiente del Estado mexicano en la materia y llenan los vacíos de información del informe gubernamental. La versión completa y el resumen ejecutivo del Informe Alternativo DESCA, así como el formato de libro electrónico son descargables.
Las sesiones de Examen del Comité DESC sobre el cumplimiento del PIDESC por los Estados Partes son públicas; el diálogo que sostendrán las y los expertos del Comité y la delegación gubernamental mexicana el lunes 12 de marzo y el martes 13 de marzo será transmitido en vivo por Internet. La discusión en redes sociales será a través de la etiqueta #VidaDignaYa.
[La lista completa de colectivos, organizaciones y redes firmantes se puede consultar en el resumen ejecutivo].