Por: Katia Guzmán (@guzmart_)
En pleno 2019, la tecnología digital es parte fundamental de nuestra cotidianidad y, con ello, los datos que se generan a diario a partir de nuestros comportamientos: patrones de consumo, rutas de transporte, opiniones, por nombrar algunas de estas tendencias. Si bien existe un debate respecto a qué tanto los algoritmos inciden en el espacio privado de las personas —y si esto es ético o no—, la política pública tendría que estar basada en evidencia empírica.
En México, esta información ha sido generada y provista por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) desde hace 36 años. De esta manera, la responsabilidad de generar información estadística y geográfica se concentró en este organismo. Dentro de su acervo se encuentran series de tiempo de indicadores económicos, características sociodemográficas básicas de la población, estadísticas vitales y un catálogo de encuestas regulares y especiales de temas específicos. Este conjunto de datos permite, por un lado —desde una perspectiva de política pública— identificar y evaluar la atención de un problema público; por otro lado, las y los ciudadanos cuentan no sólo con los diagnósticos sino con la información de primera mano con la que éstos se construyen.
Desde sociedad civil, vale la pena destacar que uno de nuestros grandes insumos es la estadística pública difundida por el INEGI. Por ejemplo, en 2016 se añadió un módulo acerca de violencia obstétrica a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Este producto, junto con el envío de cientos de solicitudes de acceso a la información, nos permitió esbozar el panorama mexicano en materia de violencia obstétrica y, a partir de esto, emitir recomendaciones, nombrar y visibilizar este problema de género respaldadas en evidencia. Otra encuesta relevante para nuestro trabajo es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL): parte de nuestra investigación acerca de criminalización por aborto se basó en explorarla para conocer el contexto general de las personas privadas de la libertad. Organizaciones como Equis: Justicia para las mujeres y Data Cívica también han desarrollado investigaciones con base en ésta. Sin embargo, este proyecto será uno de los catorce cancelados, de acuerdo con declaraciones del presidente del INEGI, Julio Santanella Castell, pues al organismo autónomo no se le asignaron los recursos suficientes.
Resulta preocupante, en general, que el Estado renuncie a la evidencia empírica que permite implementar y evaluar políticas públicas. Por un lado, se pretende hacer un “censo de necesidades” a partir de transparencia nula y metodología, al menos, opaca. Por otro lado, encuestas nacionales en vivienda que cuentan con técnicas precisas y cuyos objetivos son claros —por motivos políticos o presupuestarios— serán canceladas. En lugar de percibir una mayor apertura para la difusión de información pública, tanto el gobierno federal como el INEGI parecen recular en este tema: posiblemente habría que exigir la reasignación de recursos públicos, por un lado, y recortes que no afecten a este tipo de proyectos, por otro.
En un caso idóneo, la estadística pública no sólo está disponible para las y los ciudadanos, sino también la forma en la que se toman decisiones públicas, por medio de modelos predictivos, tal vez. Un caso bastante ilustrativo de cómo los datos, la transparencia y la ejecución de algoritmos conviven de una forma ética es Nueva York y su política de prevención de obstrucción de drenajes. Con base en información pública de qué restaurantes no contaban con equipo especializado para el tratamiento de aceite y el registro de drenajes tapados, la Oficina de Política Pública y Planeación Estratégica de la ciudad fue capaz de entregar una lista de los posibles infractores con un éxito de 95%. No sólo se disminuyeron las alcantarillas atascadas, sino que se minimizaron los costos operativos para los inspectores de salubridad.
Dada la coyuntura actual, el escenario ideal se ve lejano. Si bien existen casos más graves que otros dentro de la lista de proyectos cancelados —como el censo agropecuario que no ha sido levantado desde 2007— la falta de información, y de sistematización de la misma, es, por lo menos, un obstáculo más que el Estado le impone a nuestro trabajo como sociedad civil.
*Katia Guzmán pertenece al área de Investigación de @GIRE_mx.