GIRE se ha sumado al coro de voces que señalan el grave error del gobierno federal al reducir el presupuesto de las estancias infantiles adscritas a la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL). Hemos señalado que este recorte y los cambios en las reglas de operación no sólo limitan la conciliación de la vida personal y laboral, sino que perpetúan la desigualdad de género al reforzar el estereotipo de las mujeres como principales proveedoras de cuidados.
El gobierno federal ha defendido su posición sobre las estancias infantiles alegando corrupción, discrecionalidad, criterios arbitrarios y controles débiles en el ejercicio de recursos. ¿La transferencia directa de recursos asegura el bienestar o más bien favorece la precariedad al desmantelar la infraestructura de cuidados, propiciar el despido de profesionales y aumentar la carga de trabajo para las mujeres?
El programa de estancias infantiles proporciona servicios a las familias que no cuentan con seguridad social, que pertenecen a comunidades indígenas, zonas con alta marginación o altos índices de violencia. La falta de disponibilidad de servicios de cuidado infantil es evidente: del total de niños y niñas de cero a seis años que no son cuidados por padres o madres, la mitad son cuidados por abuelas, mientras que uno de cada diez asiste a estancias infantiles. Las mujeres ya realizan 70% del trabajo de cuidados en México, lo que limita sus posibilidades de estudiar, trabajar o destinar tiempo a otras actividades. Con la demanda de servicios de cuidado y sin la infraestructura para proveerlos, este porcentaje aumentará.
El gobierno federal dio a conocer en un comunicado los cambios en las reglas de operación que convierten al programa en uno de transferencias directas y enfatizó las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación: en 2017 acreditó 319 estancias que no cumplieron con la norma; no priorizó localidades con mayores desventajas en su situación económica y social; no acreditó la impartición de capacitación pese a haber reportado que 22 mil responsables se capacitaron; no se acreditó que 62% de las personas incorporadas al programa (alrededor de 195 mil usuarias) cumplieran con los requisitos de los subsidios.
Sin embargo, las irregularidades, deficiencias y desvío de recursos detectados no se resuelven aumentando la carga de trabajo a las mujeres. El Estado no puede minimizar la obligación que tiene para atender las condiciones que son obstáculo para que hombres y mujeres puedan garantizar el cuidado de sus hijos e hijas, con una perspectiva de derechos humanos y velando siempre por el interés superior de la niñez.
Las protestas comenzaron en diciembre con el anuncio del recorte y se han intensificado conforme el gobierno revela detalles de las nuevas reglas de operación del programa. Esta semana, en Veracruz hubo un paro de trabajadores de las estancias infantiles que protestaron contra la medida de entregar directamente el recurso a padres y madres de familia. Aseguraron que 613 estancias dejaron de recibir el subsidio de 950 pesos por niño y que los mil 600 bimestrales son insuficientes.
En varias partes de México se reportan cierres de estancias. En Yucatán piden que no se destruya “el andamiaje que tanto les costó construir”, apuntando a la importancia de tener infraestructura de cuidados que asegure el bienestar de niños y niñas. De persistir esta política, sólo en ese estado serán afectadas 204 estancias y unos 8 mil 100 niños y niñas. En San Luis Potosí las estancias infantiles han despedido a 40% de su personal, y ya han cerrado una de cada diez en Baja California Sur.
El tema de las estancias infantiles se ha colocado en la agenda pública y, de no resolverse, podría conducir al gobierno de López Obrador por una ruta difícil en su relación con los otros poderes. El debate en el Senado ya afecta la construcción de una mayoría calificada para impulsar la propuesta de Guardia Nacional que se está discutiendo. Por otra parte, el tema puede llegar a la Suprema Corte, probando de nuevo la relación con el Ejecutivo.
El alcalde de Hidalgo del Parral, Chihuahua, presentó una controversia constitucional para que no se aplique la reducción presupuestal. En declaraciones para los medios de comunicación aseguró que de ser necesario llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el gobierno falla en su obligación de proteger el interés superior de la niñez de acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: “[…] la decisión de la federación, además de ser equivocada, es inconstitucional”.
Al gobierno federal pareciera no importarle que el cambio en las políticas de operación del programa
agrava la precariedad de las estancias y refuerza las barreras para hacer posible la conciliación de la vida laboral y personal, inserta en una estructura de discriminación y desigualdad de género que da pie a violaciones a derechos humanos, en particular de las mujeres. Esta falta de conciliación afecta a toda la sociedad y el Estado está obligado a generar y promover las políticas públicas necesarias para alcanzarla.