Evelyn Hernández, una joven de 19 años, tuvo un parto en su hogar, sin ningún tipo de atención médica. Fue ingresada en el hospital donde se le acusó de haber provocado la muerte de su hijo. En 2017, Evelyn fue juzgada y condenada a treinta años de prisión, sin considerar ningún tipo de perspectiva de género, fue acusada de homicidio agravado por inducir al aborto.
Evelyn es originaria de Cojutepeque, en el área rural de El Salvador y, en la actualidad, tiene 21 años. Fue víctima de violación y tuvo un embarazo asintomático del que se percató hasta que comenzó el trabajo de parto y dio a luz en la letrina a un feto muerto de ocho meses. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico consideró que la condena era injusta y comenzó su lucha por la libertad de Evelyn.
Existe en su caso duda razonable, sin embargo la jueza lo consideró un crimen familiar y la castigó con una pena excesiva. Además su defensa considera que la policía al presentarse en la vivienda de Evelyn contaminó la escena y determinó un número mayor de semanas de gestación del feto.
La próxima semana, Evelyn enfrentará una reposición ya que el Tribunal Supremo anuló su sentencia en febrero de este año gracias a los esfuerzos de la Agrupación Ciudadana, organización que ha liderado la campaña por la liberación de Las 17: mujeres con una sentencia firme pese a haber sufrido emergencias obstétricas. Todos ellos son casos paradigmáticos de las violaciones que sufren las mujeres salvadoreñas en contextos más vulnerables. Al igual que Evelyn, estas mujeres han sido condenadas sólo con indicios, sin respetar el debido proceso.
En 1998 entró en vigor en El Salvador una legislación penal que estableció la prohibición absoluta del aborto. Al año siguiente, se incluyó el reconocimiento de la persona humana desde la concepción en la constitución. Antes de eso, la legislación penal salvadoreña preveía tres causales para acceder al aborto: riesgo de muerte de la mujer, violación y graves deformidades en el feto. Tras la guerra civil, comenzaron a debatirse propuestas para un nuevo código penal.
Agrupaciones de derechos de las mujeres propusieron que el nuevo código contemplara, además de las tres causales mencionadas, el riesgo a la salud física y mental de la mujer. Sin embargo, grupos antiderechos impulsaron una campaña para asegurar que en el código no se contemplara excepción alguna al delito de aborto. Así, El Salvador entró a formar parte de ese 3% de países en el mundo que aún establecen una prohibición absoluta del aborto.
En El Salvador persiste una situación de pobreza, desigualdad, falta de acceso a educación sexual y anticonceptivos modernos (convirtiéndolo en el país con la tasa de embarazo adolescente más alta de Latinoamérica), además de la violencia generalizada hacia niñas y mujeres. Aunado a lo anterior, la situación de violencia sexual hacia niñas y mujeres es alarmante: tan solo en 2016, se tienen registradas mil 873 denuncias de violencia sexual contra menores de edad. Se estima que cada 21 minutos, una niña salvadoreña es víctima de violación sexual.
La campaña #JusticiaParaEvelyn no solo demuestra nuestra solidaridad con las mujeres en El Salvador, sino que también sirve para recordar que en México las mujeres también son criminalizadas, y así buscar que sus derechos humanos y su autonomía reproductiva se garanticen.
Además de la despenalización del aborto hasta la semana 12, es necesario garantizar el debido proceso de las mujeres denunciadas por aborto o por delitos relacionados con procesos reproductivos y salvaguardar en todo momento la presunción de su inocencia.
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