Los legisladores conservadores en Estados Unidos buscan nuevas formas de imposibilitar que una mujer se practique un aborto en su estado de residencia. Veintiocho de las 50 legislaturas estatales han presentado iniciativas para limitar o eliminar de tajo el acceso a una interrupción legal del embarazo: un claro signo de los tiempos que vive el país vecino del norte.
Aunque el número de iniciativas restrictivas no ha aumentado respecto al mismo trimestre del año anterior, lo preocupante es la naturaleza extrema de éstas que han sentado un precedente en sus estrategias. Las iniciativas son de cuatro tipos:
Prohibiciones de activación: Que en caso de que Roe vs Wade —el caso con el que la Suprema Corte despenalizó el aborto— sea revocado haría automáticamente ilegal el aborto.
Prohibiciones de edad gestacional: Que limita o prohíbe el acceso al aborto después de un plazo determinado a partir del último periodo menstrual. La más grave de ésta es que prohíbe el aborto desde la sexta semana de gestación, cuando la mayoría de las mujeres quizá no saben todavía que están embarazadas.
Prohibiciones por razón: Que prohíbe el aborto con fundamento en características fetales como la discapacidad, la raza o el sexo.
Prohibiciones de método: Que prohíbe a los proveedores de servicios de salud llevar a cabo un tipo específico de aborto.
Los gobernadores de Arkansas, Kentucky, Mississippi y Utah han presentado iniciativas que prohíben el aborto de una u otra manera. También se han presentado algunas en las legislaturas estatales de Arkansas y Georgia. Estos esfuerzos buscan limitar la protección de la Suprema Corte al derecho de las mujeres a abortar sin restricción estatal. De todas estas iniciativas resalta de manera particular la llamada “ley de latido fetal”.
Kentucky y Missisipi aprobaron la ley de latido fetal. En el congreso estatal de Georgia la iniciativa avanza. En Missouri y Tenesse tiene media sanción, lo que significa que está pendiente de aprobación en una de las cámaras. En Missisipi esta ley está planeada para entrar en vigor el próximo mes de julio. Iowa y Dakota han aprobado leyes similares, pero ambas fueron detenidas en cortes federales. La semana pasada el gobernador Mike DeWine firmó la ley aprobada por ambas cámaras estatales en Ohio.
Fue precisamente en Ohio donde, en 2011, se presentó el primer intento de este tipo que buscaba restringir los derechos reproductivos de las mujeres, aunque no alcanzó a entrar en vigor. Dos años después en Dakota del Norte se aprobó la primera ley en este sentido, y una más en Arkansas que prohibía el aborto a partir de las 12 semanas de gestación. En ambos casos, fueron detenidas por cortes federales y, en ambos, la Suprema Corte declinó tomar el caso dejando a estas cortes la responsabilidad de declararlas inconstitucionales.
La estrategia de presentar estas iniciativas en los estados gobernados por republicanos busca construir un precedente donde las cortes de circuito dividan sus opiniones de tal manera que la Suprema Corte se vea forzada a tomar una postura y decidir. El criterio que se ha mantenido ha sido el de Roe vs Wade, bajo el cual los estados no pueden prohibir el aborto mientras el producto no sea viable. La viabilidad fetal es un concepto importante introducido en la legislación a través de dicha sentencia, que considera que ocurre entre la semana 24 y la 28, dependiendo de la opinión médica del doctor de cada mujer.
Por lo pronto, buscan incrementar las restricciones institucionales relacionadas con el acceso al aborto. Algunas de éstas incluyen regulaciones draconianas a las clínicas que llevan a cabo abortos, periodos de espera, prohibición del uso del seguro de salud, consejería obligatoria y ultrasonidos forzosos. Todo con el fin de disuadir a las mujeres y que, ante estas barreras, abandonen su decisión.
Las leyes del latido fetal buscan equiparar la viabilidad del producto con la existencia de un latido cardiaco, mismo que se presenta durante las primeras semanas de gestación. Organizaciones de derechos humanos y proveedoras de servicios de salud reproductiva en Ohio ya se preparan para desafiar en tribunales esta normativa restrictiva.
Mientras tanto en México, aunque no enfrentamos las mismas estrategias legales, sí nos encontramos ante reformas constitucionales locales que protegen la vida prenatal. Si bien éstas no restringen ni prohíben el acceso al aborto por las causales ya permitidas, sí buscan generar confusión en los proveedores de salud, los medios de comunicación y las mujeres. De este modo restringen el acceso a los servicios, aunque la ley diga algo diferente.