Por: Karen Luna
En días pasados la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe, un informe relativo a la situación actual de los sistemas de protección social en la región. El estudio señala que, a pesar de los avances registrados, persisten desafíos estructurales en el acceso a la seguridad social, derecho humano reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: casi cinco de cada diez personas en América Latina y el Caribe laboran en la economía informal; por lo tanto, no tienen acceso a las prestaciones que ofrecen los esquemas de seguridad social.
En México, el acceso a la seguridad social se encuentra condicionado al trabajo formal, mientras que 59.1% de las y los trabadores en el país están empleados de manera informal (INEGI, 2014). En específico, 34% de las mujeres en México está afiliada al IMSS; 6%, al ISSSTE y 37%, al Seguro Popular (INEGI, 2014). Si bien el Seguro Popular permite que quienes laboran en un esquema informal accedan a cierta cobertura en servicios de salud, no prevé otras prestaciones como estancias infantiles, ni licencias de maternidad y paternidad.
De acuerdo con el mencionado informe, uno de los sectores del trabajo informal más aquejados por la falta de acceso a seguridad social es el trabajo del hogar, pues solo 0.1% de esta población cuenta con ella. En México, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar; nueve de cada diez son mujeres (INEGI 2016). La afiliación al Seguro Social para las trabajadoras del hogar en México no es obligatoria. Existe la posibilidad de afiliación voluntaria, pero la trabajadora queda excluida de servicios como estancias infantiles y el INFONAVIT. La OIT afirma que los modelos de afiliación voluntaria tienen una baja o nula efectividad y la baja cifra en el caso de México parece demostrarlo.
En el extremo opuesto está Uruguay, donde 70% de quienes realizan trabajo del hogar remunerado cuentan con seguridad social. En este país, desde hace más de diez años se implementan medidas para la protección del ingreso de las trabajadoras, se realizan acciones de fiscalización y campañas de información y sensibilización. Además, el procedimiento para el pago de prestaciones es sencillo y hay incentivos para su cumplimiento.
El informe Horas hábiles. Corresponsabilidad en la vida laboral y personal publicado por GIRE en 2017 resalta los obstáculos que enfrentan las personas en México para conciliar su vida laboral y personal, problemas que afectan y discriminan especialmente a las mujeres. Además, el informe señaló las condiciones laborales en las que las trabajadoras del hogar suelen desempeñarse en México: la ausencia de contratos y de una jornada laboral fija, la falta de pago de horas extras, aguinaldo y vacaciones, además de la ya mencionada falta de acceso a seguridad social, entre otras situaciones de discriminación y violaciones a derechos humanos.
Este año, dos órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas emitieron recomendaciones a este respecto al Estado mexicano tras examinar su avance en el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos: en marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) manifestó su preocupación por el número de trabajadores en el sector informal, recomendó integrarlos al sector formal y garantizar su acceso a la protección social. Con respecto a las personas que se dedican al trabajo del hogar, el Comité DESC manifestó su preocupación acerca de las condiciones precarias en las que suele prestarse esta labor. Recomendó al Estado mexicano garantizar una remuneración satisfactoria, asegurar la inspección laboral y el cumplimiento de las sanciones que en su caso se emitan, así como establecer mecanismos para facilitar la denuncia de situaciones de abuso y explotación.
En un sentido similar, en julio pasado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) expresó preocupación porque las trabajadoras del hogar en México suelen ganar menos de la mitad del salario mínimo, además de la falta de protección en materia de seguridad social. Señaló que la persistencia de la desigual distribución entre hombres y mujeres de las labores domésticas y de cuidados es un factor que empuja a las mujeres a buscar empleos informales con bajas remuneraciones.
Ambos comités reiteraron la importancia de que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, que obligaría a una serie de cambios en el marco jurídico y de política pública que el Estado tiene pendientes con quienes se desempeñan en esta ocupación.
Las barreras y deficiencias para acceder a servicios de seguridad social de calidad, así como la falta de políticas que permitan la conciliación de la vida laboral y personal en México afectan las condiciones en las que las trabajadoras del sector informal llevan a cabo su labor: la falta de disponibilidad o de accesibilidad a estancias infantiles y las largas jornadas laborales de las trabajadoras formales suelen cubrirse con la contratación (informal) de personal en los hogares. Así, la formalización de este tipo de empleo puede ser un buen primer paso para asegurar una protección social más acorde con los estándares de derechos humanos, pero no constituye la única o principal medida pues deben atenderse los problemas y deficiencias inherentes a la economía formal en el país, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.
* Karen Luna es investigadora jurídica de @GIRE_mx.