Por: Karen Luna (@Karen LRB)
Desde GIRE saludamos la reciente emisión de la Recomendación General No. 31/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud.
Ya han pasado varios años desde que GIRE detectó que casos como el de Irma —que al no ser admitida en el Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, en Oaxaca, parió en el jardín anexo al mismo— son alarmantemente cotidianos en el país. Por otro lado, prácticamente no existía información de parte de las instancias de salud y organismos públicos de derechos humanos que permitiera conocer la magnitud del fenómeno; inclusive, el término “violencia obstétrica” era prácticamente desconocido en el país.
Desde entonces hemos insistido en investigar y entender por qué es tan frecuente esta forma específica de violencia contra las mujeres y en visibilizar que es un problema anclado en las deficiencias estructurales de un Sistema Nacional de Salud que no es capaz de hacer frente a la demanda de atención de servicios de salud durante el embarazo, parto y posparto, así como en hábitos contrarios a los derechos de las mujeres que el personal de salud suele introyectar y reforzar desde los inicios de su formación profesional en las escuelas y facultades de enfermería y medicina.
Como organización pionera en el tema de violencia obstétrica en México, aplaudimos que el mismo esté permeando en los organismos públicos de derechos humanos. La frecuencia y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que muchas mujeres enfrentan durante su embarazo, parto y posparto es una de las razones por las que consideramos importante que sea la CNDH quien finalmente se haya pronunciado al respecto (aunque hubiera sido necesario hacerlo mucho antes). La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 es la primera encuesta nacional que incluye información acerca de la prevalencia de la violencia obstétrica y los datos son contundentes: en los últimos cinco años, 33.4 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto, sufrieron violencia obstétrica, 40.8 por ciento de ellas fueron atendidas en el IMSS. La ENDIREH 2016 también señala que de las 3.7 millones de mujeres que tuvieron cesárea, 10.3 por ciento no fue informada de la razón de la cesárea y a 9.7 por ciento no le pidieron autorización para realizarla.
En general, la Recomendación de la CNDH es coincidente con la postura de GIRE respecto al tema, y en el ánimo de difundir el contenido de la Recomendación, hay algunas cuestiones que queremos comentar:
Se reconoce que la solución no radica en la criminalización de la violencia obstétrica. Este aspecto es particularmente importante debido a que se trata de un fenómeno cuyas causas se encuentran en un problema estructural que no se puede resolver agregando la violencia obstétrica como delito en los códigos penales. [1] Al final del día, independientemente de que exista la amenaza de la sanción penal para el personal de salud en lo individual, el hecho de que cada año se reduzca el presupuesto destinado a salud y la insuficiencia de infraestructura hospitalaria, insumos y personal hospitalario van a seguir ocasionando que haya mujeres que no puedan recibir la atención que necesitan. La Recomendación señala que “…el Estado incumple con la obligación de poner a disposición de toda la población los medios necesarios para que pueda ejercer su derecho a la salud”, que se trata de una responsabilidad institucional, y nosotras estamos de acuerdo en ello y lo hemos señalado en nuestra investigación sobre el tema.
Otra cuestión favorable es el reconocimiento de la importancia de la partería. La CNDH recomienda implementar las políticas públicas relacionadas con la partería tradicional y fortalecer el proceso de vinculación de las parteras y parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud. Nos parece positivo que el tema de la partería empiece a figurar en documentos del organismo público. Sin embargo, faltó considerar que además de las parteras tradicionales también existen las parteras profesionales y las enfermeras obstetras.
Por otro lado, la CNDH recomienda en el documento que se implementen campañas y acciones de sensibilización y capacitación al personal de salud en torno a la violencia obstétrica, así como para contrarrestar prejuicios de género. En este aspecto, desde GIRE consideramos que se pudo haber logrado una postura mucho más enérgica: una de las causas de la violencia obstétrica es el arraigo de estereotipos de género, de acuerdo a los cuales las mujeres ocupamos un lugar de subordinación. Un claro ejemplo de cómo esto se manifiesta en la práctica es cuando se hacen comentarios humillantes al momento del parto como “bien que te gustó hacerlo, ahora no te quejes”, infantilizarlas regañándolas por “no saber pujar”, por no poder o no querer amamantar, o ignorar por completo sus peticiones y sus conocimientos sobre su propio cuerpo, imponiendo prácticas o procedimientos innecesarios, a veces con consecuencias irreversibles en la salud de las mujeres. Combatir estas manifestaciones de violencia de género no es una cuestión menor que pueda resolverse haciendo talleres, campañas y simposios para “sensibilizar” sobre el tema. Entre otras cosas, se necesita un replanteamiento de la formación profesional del personal médico y de enfermería para concebirla desde una perspectiva de género e interculturalidad. Erradicar patrones de pensamiento sexistas precisa de acciones transversales, permanentes y contundentes.
Regresando al caso de Irma —que GIRE acompañó—, en 2014 la CNDH emitió la recomendación 1/2014. Si bien las autoridades de Oaxaca reconocieron su responsabilidad por la falta de atención oportuna hacia ella y se asumieron diversos compromisos (como la construcción de un hospital en San Felipe Jalapa de Díaz y de 50 salas de parto en varias jurisdicciones de Oaxaca), bastó que se cumplieran sólo parcialmente para que la CNDH decidiera declarar como cumplida la recomendación. Al día de hoy, el pueblo de Irma no cuenta con servicios médicos desde hace un par de años, debido a que el personal de la Casa de Salud está en huelga y el hospital, aunque ya se construyó, no está en funcionamiento. Dos mujeres mazatecas han muerto este año en ese municipio por la falta de acceso a servicios de atención reproductiva de calidad; otra mujer y su recién nacido sufrieron graves consecuencias en su salud.
Hace más de un año que la CNDH dio carpetazo al caso de Irma. Esperamos que en esta ocasión, el organismo se asegure de dar seguimiento a la implementación de los contenidos de la Recomendación General sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. La violencia obstétrica no debe seguir siendo algo cotidiano para las mujeres.
[1] Sin perjuicio de que hay casos en los que se configuran delitos por parte del personal médico, tales como lesiones, esterilización forzada o amenazas, y en efecto, la vía penal puede ser una opción de acceso a la justicia.