Las fallas estructurales en el Sistema Nacional de Salud han provocado que las mujeres y personas con capacidad de gestar pertenecientes a comunidades indígenas se encuentren en una situación de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad.
María Fernanda Galicia laboraba en la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, donde vivió violencia institucional machista y discriminación, y fue despedida sin justificación a raíz de su maternidad y lactancia. Demandó y ganó.
Hace un año Hidalgo despenalizó el aborto hasta las 12 semanas, siendo la tercera entidad en el país. Pero, sin duda, este paso no hubiese sido posible sin las colectivas, activistas y organizaciones de base.
Es necesario contar con protocolos para brindar atención adecuada y oportuna en los casos de pérdidas gestacionales y perinatales, y dejar de reproducir situaciones que son lastimosas para quienes han atravesado una pérdida.
Lo ocurrido en Estados Unidos es un recordatorio claro de la necesidad de defender y fortalecer los avances logrados, y también de trabajar juntas para compartir aprendizajes que nos permitan caminar acompañadas en la lucha global por el aborto legal y seguro.
La denuncia de que existe un borrado de las mujeres es otro discurso opresor, pues se quiere perpetuar una experiencia única que discrimina y violenta a las demás personas al invisibilizarlas y, por tanto, obstaculizar sus derechos.
A dos años de pandemia, se requiere contar con datos públicos actualizados sobre los obstáculos para acceder a servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio, así como los relacionados con el impacto que la pandemia ha generado en las distintas poblaciones de mujeres que buscan atención obstétrica.
En contextos donde el derecho a decidir está restringido, la información, asesoría y cuidados que las redes de acompañamiento brindan son fundamentales en la disminución de los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Las recientes decisiones tomadas por la SCJN y el Congreso de Baja California Sur sobre el aborto representan un avance importante en la protección de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.