Latinoamérica se ha convertido en una región llena de contrastes en materia de derechos reproductivos, donde mientras algunos países han dado pasos gigantescos, otros retroceden.
La reforma para despenalizar el aborto en Sinaloa contiene tres graves deficiencias o imprecisiones que nos impide festejar lo que aprobaron.
La heterosexualidad ha fungido como una de las instituciones que condiciona la sexualidad de las mujeres, al punto en que deja de ser una preferencia para convertirse en un mandato.
El pasado 21 de febrero, la Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión histórica: el aborto voluntario ya no será un delito si se practica antes de la semana 24 de gestación.
El panorama jurídico en materia de aborto ha cambiado. Las y los juzgadores, tanto locales como federales, deben considerar que la regulación en las 26 entidades que aún no contemplan ni siquiera el plazo de las 12 semanas de gestación para acceder a un aborto legal es inconstitucional.
La SCJN deberá resolver próximamente el caso de Carlota, a quien se le negó en Hidalgo el aborto por violación. La Primera Sala no sólo tiene la oportunidad de reiterar el criterio del Pleno respecto de quién es la titular del derecho a la vida, sino que además puede continuar con la defensa y reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Durante dos décadas de proyectos conjuntos, estrategias compartidas y suma de esfuerzos, andar ha contribuido en procesos clave en torno a la lucha por el aborto legal y seguro: su labor fue fundamental en la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
El Congreso de Durango aceptó la iniciativa presentada por colectivas a favor del derecho a decidir para despenalizar el aborto en el estado, con el apoyo de más de siete mil firmas ciudadanas.
El informe “Sin reparación no hay justicia. Obstáculos para la reparación integral por violaciones a derechos humanos en México” pone en tela de juicio la capacidad del Estado mexicano para cumplir sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos.