La criminalización del aborto impacta no solo a las mujeres y a otras personas gestantes que son sometidas a un proceso penal por este delito, sino a todas aquellas que tienen embarazos no deseados y deben enfrentar el riesgo de llevar a cabo abortos fuera de la ley, continuar un embarazo no deseado o, incluso, enfrentar maltratos por parte del personal de salud al solicitar interrupciones del embarazo dentro de un marco legal.
GIRE realizó solicitudes de acceso a la información dirigidas a autoridades de procuración e impartición de justicia para conocer cuántas denuncias, juicios penales, sentencias y personas en prisión reportan por este delito en el periodo de enero de 2010 a enero de 2020. Las respuestas de las autoridades dan cuenta de patrones generales que resultan contrarios a los estándares de derechos humanos, pero también de las barreras existentes para el acceso a información pública de calidad y con perspectiva de género en México.
En septiembre de 2021, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 148/2017, declaró que castigar a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar por abortar voluntariamente, sin importar en qué etapa del embarazo están, anula por completo sus derechos. Además, determinó que la vía penal no es la forma correcta de proteger el proceso de gestación.
*Nota: Por No desagregado entiéndase que en la respuesta a la solicitud de información la instancia no especificó si esas personas eran hombres o mujeres.
Fuente: GIRE, El camino hacia la justicia reproductiva: Una década de avances pendientes, 2021. Disponible en: Aquí