La gestación subrogada es un tema complejo que debe considerar la posibilidad de abusos ante contextos de desigualdad importantes. Sin embargo, el establecimiento de prohibiciones jurídicas, ya sean de carácter penal o civil, lejos de eliminar la práctica o sus consecuencias, contribuye a situar a las partes en un estado de mayor vulnerabilidad, al tiempo que envía un mensaje por parte del Estado con respecto a las decisiones que pueden tomar las mujeres sobre sus propios cuerpos.
A pesar de los avances en el reconocimiento normativo de los derechos humanos en México, las mujeres en el país siguen sin poder tomar decisiones libres sobre su vida reproductiva: tenemos la tasa más alta de embarazo adolescente entre los países de la OCDE, seguimos criminalizando a las mujeres por interrumpir sus embarazos y permitimos que la violencia obstétrica y la muerte materna ocurran de forma cotidianas en el sistema de salud.
México se sometió recientemente al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el mismo afirmó que enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos, pero que “no hay omisión, indiferencia, ni mucho menos olvido”. No obstante, la realidad de las mujeres evidencia las grandes deudas que con ellas tiene el Estado mexicano.
La democracia mexicana podría avanzar al permitir mayor transparencia en la etapa de preselección del nuevo ministro o ministra de la SCJN al asegurar la idoneidad de las personas postuladas. También sería deseable que el presidente haga una convocatoria formal para las candidaturas idóneas donde se hagan públicos los criterios para la elección de candidatos.
A la propuesta de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para permitir la interrupción legal del embarazo en todo el país le hace falta ir acompañada de una reforma a la Ley General de Salud, para asegurar un programa responsable de la implementación de los servicios de aborto.
Las personas dedicadas al trabajo del hogar, la mayoría de ellas mujeres, laboran en condiciones precarias, contextos de discriminación y violaciones a sus derechos. La sociedad civil y defensores de derechos denuncian que las decisiones de la SCJN con relación a las trabajadoras del hogar evidencian el “desprecio” que se les tiene.
México aún considera que el aborto debe ser castigado como un crimen. A excepción de CDMX, el avance de este tema en los estados ha sido mínimo ¿Cambiará algo en los años próximos? AMLO pondría el tema a votación, lo que nos hace pensar que él no se la va a jugar con este tema.
Aunque la iniciativa para despenalizar el aborto en todo el país prospere en el Senado y en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional requiere la mayoría absoluta de los congresos de las entidades federativas, justo donde hay mayor resistencia.
Las intentonas por limitar los derechos de las mujeres vinieron en cascada: el Partido Encuentro Social (PES) en la Presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las autoridades del ITESO cancelan el “Diálogo en torno al Derecho a Decidir” y, en el extremo de la intolerancia, un grupo llamado “Motonetos al […]