La muerte materna es aquella que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio por cualquier causa relacionada o agravada por éstos o su manejo, excluyendo las causas accidentales. Su carácter estructural y prevenible la convierte en una violación a los derechos humanos de las mujeres y otras personas gestantes, así como un asunto de justicia reproductiva que es responsabilidad del Estado.
En México se cuenta con un marco normativo y de política pública que, si fuera debidamente implementado, permitiría avanzar en la disminución de muertes maternas. Sin embargo, problemas de orden estructural dificultan que las mujeres y otras personas gestantes puedan tener una adecuada atención de manera que su salud y su vida no corran peligro.
Mientras que ha permanecido desaprovechado el primer nivel de atención de la salud para la atención de partos de bajo riesgo, el segundo y el tercer nivel se encuentran saturados. Esto tiene como consecuencia un alto número de cesáreas injustificadas, e insuficiencia de infraestructura, equipo, insumos y personal capacitado. Estas fallas estructurales del sector salud, incluida la falta de personal médico y su consecuente sobrecarga laboral, son causa de muertes prevenibles que afectan desproporcionadamente a ciertos grupos poblacionales, como las mujeres indígenas, las niñas y adolescentes, y las personas que viven en condiciones de marginación. Así, la muerte materna es también un tema de justicia.
Para los familiares de víctimas de muerte materna, a lo largo de los últimos diez años se han logrado precedentes importantes en materia de acceso a diversas medidas de reparación integral, lo cual ha permitido mostrar el alcance que algunos mecanismos de acceso a la justicia pueden llegar a tener. Sin embargo, los obstáculos y dificultades de los procesos persisten. Pueden alargarse durante varios años, suelen ignorarse las necesidades y la participación de las víctimas en el establecimiento de las medidas de reparación integral y la implementación de las garantías de no repetición continúan representando un reto. Con ello, continúa desaprovechándose la oportunidad de modificar las condiciones que permiten que la muerte materna persista.
Nuestro trabajo
Nuestras campañas “¿Chiapasiónate? Justicia para Susana” y “María Ligia. Una muerte prevenible” visibilizan la gravedad de las violaciones a derechos humanos y los obstáculos que los familiares de víctimas de muerte materna enfrentan para acceder a la justicia.
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