El aborto es un evento que puede ocurrir en la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Por ello, los servicios de salud deben brindar atención oportuna y libre de discriminación a quienes deciden interrumpir un embarazo. Además de ser un servicio de salud, es un medio para ejercer la autonomía reproductiva; sin embargo, en la legislación, con excepción de 12 estados que ya lo han despenalizado parcialmente, se sigue considerando como un delito. Esto provoca que quienes decidan abortar reciban sanciones.
A esta criminalización legal se suma la criminalización social a causa del estigma enraizado en la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. Al permear las instituciones del Estado y sus leyes, esta idea genera violaciones a los derechos humanos. Ahí recae la importancia de trabajar para que el aborto salga de los códigos penales y sea regulado en las leyes sanitarias, lo que garantizará el acceso para todas y todes.
En GIRE hemos identificado que, en los casos en los que se niega el servicio de aborto, independientemente de la causal, las autoridades, el personal de salud e incluso quienes se encargan de administrar la justicia desconocen la normatividad vigente y la atención a víctimas. También los estándares de derechos humanos que se han construido en los últimos años a partir de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Algunos de los casos que hemos acompañado y que han sido resueltos por el máximo tribunal de justicia han sido de gran trascendencia para lograr el acceso efectivo al aborto:
Marimar y Fernanda, negativa de aborto por violación, 2018
La Corte afirmó que dicha negación constituyó una violación a sus derechos humanos y reafirmó la obligación legal del personal sanitario de garantizar el acceso al aborto en casos de violación sexual.
Marissa, negativa de aborto por riesgo a la salud, 2019
La Corte confirmó que la negación del aborto es una violación de los derechos humanos, en especial cuando la salud de la mujer está en peligro, y reconoció que el derecho de las mujeres a la salud incluye el acceso al aborto.
Jessica, negativa de aborto por violación, 2021
La Corte resolvió que limitar la interrupción legal del embarazo para víctimas de violación es discriminatorio, en especial para quienes viven con alguna discapacidad.
El aumento exponencial de iniciativas relacionadas con el aborto seguro es una expresión de los logros que ha tenido la Marea Verde en la lucha por los derechos humanos y la justicia reproductiva. Aunque el camino aún es largo para lograr que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad a lo largo y ancho del país, este movimiento continúa haciendo olas a favor de la libertad y autonomía de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
Hoy, nuestra apuesta principal es que se elimine por completo el delito de aborto en todo México y que se reconozca como un servicio de salud.
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