En México persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. Esta idea continúa permeando no sólo la cultura sino todas las instituciones del Estado y sus leyes, y representa una violación a los derechos humanos. Dicho estigma constituye la base para la criminalización legal y social del aborto, que afecta de manera concreta a mujeres y otras personas gestantes, por lo general procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a información reproductiva. Además, envía un fuerte mensaje desde el Estado con respecto a decisiones reproductivas que corresponden a la esfera privada.
En los casos de negativa del servicio de aborto, GIRE ha identificado que, independientemente de la causal de que se trate, hay un desconocimiento por parte de las autoridades, el personal de salud, incluso algunos juzgadores, acerca de la normatividad vigente y la atención a víctimas, así como de los estándares de derechos humanos que se han ido construyendo en los últimos años a partir de los precedentes de la SCJN.
El aumento exponencial de iniciativas relacionadas con el aborto seguro es una expresión de los logros que ha tenido la Marea Verde en la lucha por los derechos humanos y la justicia reproductiva. Aunque el camino aún es largo para lograr que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad a lo largo y ancho del país, este movimiento continúa haciendo olas a favor de la libertad y autonomía de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
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