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¿QUÉ HACEMOS?

GIRE trabaja seis temas prioritarios (anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida, y vida laboral y personal) desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Si bien el foco de nuestro trabajo es la discriminación por sexo y/o género que sufren las mujeres y niñas en México, nuestra búsqueda por la justicia reproductiva reconoce que esto se cruza con otras formas de discriminación, como clase social, edad o etnia. Además, reconocemos que la discriminación que enfrentan las mujeres las afecta no solamente a ellas, sino a la sociedad en su conjunto y a su comunidad, en particular a sus familias.

GIRE busca impulsar una transformación cultural en México a través de una estrategia integral que comprende el acompañamiento legal, estrategias de comunicación, la exigencia de una reparación integral por violaciones a derechos reproductivos que incluya medidas de no repetición, tanto a nivel federal como local, y la documentación de datos duros que sustentan nuestra labor en el contexto nacional y los más altos estándares internacionales. Cada área de GIRE tiene a su cargo una parte de esta estrategia y trabaja de forma paralela con el mismo objetivo: alcanzar la justicia reproductiva para las mujeres y niñas en México.

La justicia reproductiva es el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que permiten a las mujeres y a otras personas gestantes tener el poder y la autodeterminación sobre su destino reproductivo. Para ello es indispensable garantizar sus derechos humanos tomando en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan su salud, sus derechos y el control de su vida. Incluye también la obligación del Estado de generar las condiciones óptimas para su toma de decisiones.

Red Nacional por la Justicia Reproductiva

GIRE coordina esta Red, la cual está integrada por abogadas y abogados con principios feministas y perspectiva de derechos humanos. Tiene presencia en 14 estados de la República mexicana. Su labor se enfoca a brindar acompañamiento legal y atención psicológica a quienes han sufrido violaciones a sus derechos reproductivos, así como a realizar trabajo de incidencia para que el Estado cumpla con la obligación de generar las condiciones óptimas para que las mujeres y otras personas gestantes tengan autonomía reproductiva.