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En México, 24 estados han despenalizado el aborto hasta distintas semanas de gestación, mientras siete aún lo criminalizan de manera absoluta y Aguascalientes mantiene un límite de seis semanas.
A partir del análisis cualitativo de expedientes de casos que acompañamos, se identificó un patrón de criminalización: cuando el personal de salud sospecha que una persona indujo su aborto, la consulta deja de ser un espacio de cuidado y atención médica, y se convierte en uno de vigilancia y castigo.
Criminalizar, estigmatizar o sancionar a profesionales de la salud no transforma el sistema que favorece la reproducción de la violencia obstétrica. Prevenirla y erradicarla requiere diseñar abordajes específicos para cada una de sus manifestaciones, y establecer mecanismos eficaces para restituir los derechos vulnerados y evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.