Lo diremos nuevamente, el aborto es legal en casos de violación en todo México. ¿Pero el acceso a este derecho? Esa es otra historia.

A los 16 años, Nadia fue víctima de violencia sexual y quedó embarazada. Cuando solicitó un aborto en un hospital público en Jalisco, de donde es originaria, le negaron el servicio citando el manual operativo de la Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) que estipula que se requiere autorización de una autoridad judicial, es decir, un juez.

GIRE acompañó a Nadia y a su familia; el principal argumento fue que las autoridades no cumplieron con la normatividad (NOM046 y la Ley General de Víctimas) al solicitar a Nadia el requisito de la denuncia penal. La jueza, le dio la razón a la joven de 16 años: las autoridades de salud deben dar el servicio de aborto sin que las mujeres presenten una denuncia.

Fue una buena noticia, pero decidimos ir más allá. Se buscó la reparación integral por las violaciones de derechos humanos que ella y su familia sufrieron durante el proceso. Es decir, cuando el personal de salud niega el acceso a un aborto a una mujer víctima de violación sexual, independientemente de que ella decida proceder por la vía legal, necesita encontrar soluciones urgentes pues, conforme avanzan las semanas de gestación, los plazos para interrumpir legalmente también se convierten en un obstáculo.

En meses recientes, GIRE ganó dos casos de este tipo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a lo cual por fin empezamos a ver un cambio de paradigma en la forma en que se resuelven los casos de negación de aborto por violación. Tal es el caso de Nadia quien, tras dos años de espera, el 20 de agosto obtuvo respuesta al recurso de revisión, otorgándole la reparación integral, en los mismos términos dictados por la SCJN en los casos acompañados por GIRE.

Estas son excelentes noticias, ya que la resolución favorable en los casos de Fernanda y Marimar, (originarias de Oaxaca y Morelos, respectivamente) empieza a permear al nivel estatal y, a grandes rasgos, implica un precedente legal que elimina las barreras para que las víctimas de violación sexual puedan acceder a un aborto legal.