Por: Alejandro Galland y Rebeca Lorea
Mucho se conoce sobre la precaria situación y afectación en materia de derechos humanos que se vive en el estado de Veracruz desde hace varios años. Agresiones a periodistas, fosas clandestinas y desapariciones forzadas, sólo por mencionar algunas problemáticas. En ese contexto, las mujeres que residen en Veracruz no se encuentran exentas de padecer también violaciones a sus derechos humanos, de manera particular sus derechos reproductivos.
Frente a este escenario, en donde se encuentra obstaculizado el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, es que en 2016 un grupo de organizaciones iniciaron un proceso de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para Veracruz ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Así, en marzo de 2017 se publicó el informe del grupo de trabajo encargado del análisis de la situación en materia de aborto donde, en específico, se identificaron las dificultades principales que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE): 1) La inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual en la cual ya no se necesitan denuncias, autorizaciones ni un plazo máximo para acceder al aborto por violación y 2) La criminalización de las mujeres por ordenamientos jurídicos desiguales en materia de aborto y que, además, son insuficientes para proteger los derechos reproductivos, tales como la falta de la causal de riesgo para la salud.
Otro elemento identificado en el informe es la falta de capacitación del personal de salud y de los operadores de justicia, así como prejuicios y temores de éstos para realizar interrupciones legales del embarazo en casos en los que sí está permitido. Sólo 20 % del personal de salud en el estado ha recibido capacitación sobre la NOM 046, evitando con ello que el personal atienda sin demora los casos en que las mujeres han sido víctimas de violación sexual y les provean anticoncepción de emergencia, profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual y, en su caso, una ILE.
Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2016, GIRE encontró que la Secretaría de Salud de Veracruz no reportó casos de aborto legales. Durante 2015, al menos 487 niñas de entre 10 y 14 años parieron en Veracruz, embarazos que probablemente están vinculados con situaciones de violencia sexual según la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente.
El contraste entre el marco jurídico, las acciones de las autoridades y los hechos reportados es preocupante. Es claro que las mujeres viven una situación restrictiva en cuanto al acceso al derecho a la salud, la alta tasa de muerte materna en la entidad es de 10.2 % muertes maternas causadas por aborto y 27.1 % por causas obstétricas indirectas (prevenibles). Estas muertes se pudieron haber evitado si el código penal del estado permitiera el aborto en casos de riesgo para la salud de las mujeres.
Por otra parte, desde que en 2007 se despenalizó el aborto por voluntad de la mujer hasta la décimo segunda semana de gestación en la capital del país, hasta la fecha, 381 veracruzanas se han trasladado a la Ciudad de México para interrumpir de manera legal y segura su embarazo. Esta cifra coloca a Veracruz entre los diez primeros estados en los que la demanda de la ILE es alta. Más allá del número, es necesario considerar que en estos 381 casos las mujeres contaron con el apoyo y los recursos económicos necesarios para hacerlo. Sin embargo, no se tiene registro de los casos en los que las mujeres no contaron con este apoyo y se vieron orilladas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, tampoco se conocen con exactitud los riesgos que esto implicó para las mujeres.
Lo cierto es que frente a este escenario de falta de reconocimiento a los derechos reproductivos de las mujeres en Veracruz, es urgente que las normas locales se adecuen a los estándares más altos de protección de estos derechos, a través de la ampliación de causales como la del riesgo para la salud de la mujer. Además, para hacer verdaderamente efectivos los derechos reproductivos de las mujeres, el estado de Veracruz deberá acompañar estas adecuaciones legislativas con políticas públicas para que el aborto sea visto como un tema de salud pública y no de política criminal.
Para hacer realidad los derechos reproductivos en Veracruz, el informe propone ciertas medidas mínimas que deben llevar a cabo los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para revertir la situación actual de las mujeres. Algunas de estas medidas son 1) la reforma al código penal para despenalizar el aborto hasta la décimo segunda semana de gestación, 2) incluir la causal de aborto por riesgo para la salud de la mujer, 3) la eliminación del plazo de noventa días para el aborto en casos de violación, 4) la creación de un programa estatal de ILE y 5) la difusión entre la población de la existencia de este servicio de salud.
Es la primera vez que existe un informe en un proceso de alerta de género por agravio comparado, donde se ahonda en las repercusiones que la penalización del aborto y su falta de acceso en los casos ya permitidos por la ley tienen en la vida y salud de las mujeres y niñas. Ante este informe, los tres órganos de gobierno del estado han aceptado las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo y se ha comprometido a implementarlas. A este respecto es importante señalar que no se trata de recomendaciones extraordinarias, pues forman parte de las obligaciones en materia de derechos humanos de todas las autoridades en México.
El estado de Veracruz tiene aún cuatro meses para presentar resultados, de lo contrario se les dictaría la Alerta de Género por Agravio Comparado por la falta de acceso a derechos reproductivos, las medidas legales y de política pública que el estado de Veracruz ya aceptó implementar.
* Alejandro Galland es responsable de Vinculación legislativa y Rebeca Lorea de Políticas públicas.