En México, 24 estados han despenalizado el aborto hasta distintas semanas de gestación, mientras siete aún lo criminalizan de manera absoluta y Aguascalientes mantiene un límite de seis semanas.
A partir del análisis cualitativo de expedientes de casos que acompañamos, se identificó un patrón de criminalización: cuando el personal de salud sospecha que una persona indujo su aborto, la consulta deja de ser un espacio de cuidado y atención médica, y se convierte en uno de vigilancia y castigo.
Criminalizar, estigmatizar o sancionar a profesionales de la salud no transforma el sistema que favorece la reproducción de la violencia obstétrica. Prevenirla y erradicarla requiere diseñar abordajes específicos para cada una de sus manifestaciones, y establecer mecanismos eficaces para restituir los derechos vulnerados y evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.
A partir de la sentencia de la Suprema Corte sobre Coahuila quedó claro que los estados que continúan castigando el aborto en todos los casos, y no avanzan en su despenalización, violan la Constitución y actúan en contra de los derechos humanos.
El nuevo periodo legislativo representa una oportunidad para construir un marco integral que establezca responsabilidades claras, garantice condiciones de acceso igualitario y coloque en el centro los derechos reproductivos de todas las personas que recurren a las técnicas de reproducción asistida.
La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que constituye una violación a los derechos humanos.
Datos públicos de la ENDIREH, 64 casos acompañados y la experiencia de 39 profesionales de la salud muestran la magnitud de la violencia obstétrica, las fallas que aparecen en experiencias concretas y las condiciones institucionales en las que ocurre.
Los hallazgos del informe sobre el aborto en Colombia, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, coinciden con problemas que GIRE ha documentado en México. En ambos países, los avances legales conviven con barreras relacionadas con la información, la disponibilidad de servicios, el territorio y las prácticas institucionales.