La posibilidad de gestar se ha confundido con la obligación de hacerlo, bajo la idea de que las mujeres y personas con capacidad de gestar deben tener como proyecto de vida convertirse en madres. Este rol incluye asumir las tareas domésticas y de cuidados, y cada responsabilidad se suma a la siguiente hasta formar una avalancha que parece inevitable.
El debate en torno al término para referirse a la gestación por sustitución no es un capricho académico ni otra batalla intensa y efímera en las redes sociales. El lenguaje que usamos moldea las preguntas que nos hacemos, las soluciones que nos parecen razonables y las experiencias a las que ponemos atención.
En el marco del Día Internacional de la Niña es fundamental reconocer el papel de la NOM-046 en la protección de los derechos humanos de las niñas víctimas de violencia sexual. Garantizar su cumplimiento es indispensable para prevenir maternidades forzadas y asegurar una atención oportuna, sin discriminación ni revictimización.
El plazo de 90 días para modificar o derogar los artículos del Código Penal de Guanajuato, declarados inconstitucionales por prohibir el aborto de manera absoluta, venció el 30 de septiembre. Por ello, se espera que la Suprema Corte concluya el procedimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y se despenalice el aborto en el estado.
En México, 24 estados han despenalizado el aborto hasta distintas semanas de gestación, mientras siete aún lo criminalizan de manera absoluta y Aguascalientes mantiene un límite de seis semanas.
A partir del análisis cualitativo de expedientes de casos que acompañamos, se identificó un patrón de criminalización: cuando el personal de salud sospecha que una persona indujo su aborto, la consulta deja de ser un espacio de cuidado y atención médica, y se convierte en uno de vigilancia y castigo.
Criminalizar, estigmatizar o sancionar a profesionales de la salud no transforma el sistema que favorece la reproducción de la violencia obstétrica. Prevenirla y erradicarla requiere diseñar abordajes específicos para cada una de sus manifestaciones, y establecer mecanismos eficaces para restituir los derechos vulnerados y evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.
A partir de la sentencia de la Suprema Corte sobre Coahuila quedó claro que los estados que continúan castigando el aborto en todos los casos, y no avanzan en su despenalización, violan la Constitución y actúan en contra de los derechos humanos.
El nuevo periodo legislativo representa una oportunidad para construir un marco integral que establezca responsabilidades claras, garantice condiciones de acceso igualitario y coloque en el centro los derechos reproductivos de todas las personas que recurren a las técnicas de reproducción asistida.