Por: Yolanda Molina Reyes (@appleninde) y Alejandro Galland
¿Se han preguntado si las víctimas de violaciones graves a derechos humanos quedan inmunes a volver a sufrir alguna en otros momentos de su vida? En el imaginario social el hecho de que una víctima, después de un largo peregrinaje, consiga algún tipo de reconocimiento por el Estado y un tipo de reparación parece dotar a las personas de un escudo protector ante cualquier otra violación. En teoría así debiera ser. Sí, en teoría.
Hace cuatro años los medios nacionales e internacionales, las redes sociales y la sociedad en general se indignaban frente a una fotografía que retrataba a una mujer mazateca, Irma, pariendo sobre el césped del patrio del Centro de Salud de Jalapa de Díaz en Oaxaca. Una imagen que a primera vista parecía irónica pero que sirvió para visibilizar la violencia obstétrica que sufren las mujeres en este país, que tiene sus raíces en la crisis que atraviesa nuestro sistema de salud, incapaz de garantizar y ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva eficientes, sensibles, oportunos y sin discriminación a las mujeres.
Así empieza la historia de Irma, una mujer fuerte, trabajadora y sumamente inteligente que decidió luchar hasta esta fecha contra un sistema que preferiría que nunca hubiera decido luchar por sus derechos. Seguro ya la conocen o lo saben, pero un par de meses después, por la presión mediática y en un hecho sin precedentes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 1/2014 en la cual se responsabilizó al gobierno de Oaxaca por la deficiente atención medica que recibió Irma y su hijo.
Cuando un Estado ha cometido violaciones a los Derechos Humanos adquiere una serie de obligaciones que tienen como finalidad lograr que las personas se reincorporen en la sociedad ya sea como se encontraban antes de los hechos o bien, mejoren su calidad de vida. Nadie pide disculpas ni se hace responsable de algo sin esperar que sea para lograr un bienestar en las personas, ¿verdad?
Inmediatamente Oaxaca aceptó la recomendación por lo que se firmó un convenio en el cual se comprometieron a garantizarles a los dos, de maneragratuita y permanente todos los servicios médicos. No esperábamos menos que eso por parte del Estado, luego del momento vergonzoso y además riesgoso que vivieron nuestros protagonistas. Pero las palabras se las lleva el viento, y a las letras el tiempo las borra y tres años después de la firma de aquel convenio que parecía un poco esperanzador para las vidas de Irma y su hijo, los gobiernos Oaxaqueños no han cumplido con lo que prometieron.
La situación de Irma, su familia y los miles de habitantes de Jalapa de Díaz no sería tan alarmante si el Centro de Salud Rural de Jalapa de Díaz no estuviera en huelga y contara con el personal médico y las medicinas necesarias para funcionar. El desabasto generalizado en el municipio afecta tanto a los Centros de Salud Rural pertenecientes al Sistema de Salud local, así como a las Unidades de Medicina Rural del IMSS y como si esto no fuera suficiente, el Hospital Regional ubicado en el centro de Jalapa de Díaz, que aparentemente daría servicio a más de 200,000 personas y que para la Secretaría de Salud está en funcionamiento, está totalmente olvidado e incluso saqueado; solo queda el caparazón.
Durante todos estos años a Irma se le ha vulnerado una y otra vez su derecho humano a la salud y este julio un nuevo calvario inició. Empezó con fiebre, dolor de cabeza, de huesos y estómago. Tuvo que acudir a los servicios de salud privados que le cobran entre 800 y 1000 pesos por consulta y estudios. Ella siempre ha sido una mujer trabajadora, se dedica al bordado con el cual mantiene a sus tres hijos que cursan la educación básica, por lo cual esas cantidades afectaron mucho su economía. El hecho de que sus hijos la necesiten hizo que aguantara sus malestares hasta que no pudo más. En agosto fue diagnosticada con tifoidea, le indicaron un antibiótico el cual costaba 345 pesos por ampolleta y le pidieron que se realizara más estudios al concluir el tratamiento.
No notó mejoría, así que en los primeros días de septiembre regresó a la consulta médica privada, que concluyó que su cuadro había empeorado y no solo tenía ya tifoidea, sino que también dio positivo a salmonelosis y brucelosis abortus. Sin dinero, se acercó al Centro de Salud que solo confirmó el diagnostico, le dio varias recetas médicas que ella tenía que surtir en una farmacia privada y además le indicaron una dieta blanda de cuatro comidas diarias. Para nosotros cuatro comidas diarias no representa una locura, para ella ha sido muy difícil de cumplir pues antes de comer ella, piensa en sus hijos y que “lo necesitan más”. Estás enfermedades que ahora aquejan a Irma están dentro del listado de enfermedades que cubre el Seguro Popular y no solo eso, que dentro del convenio se comprometieron a garantizar. Eso no ha importado, ni tampoco que sus tres menores hijos están en riesgo de contraerlas.
Pero si el gobierno de Oaxaca ha preferido ignorar la situación y no cumplir su palabra, al órgano garante y protector de nuestros derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no le interesa en absoluto pues el año pasado decidió, sin pruebas suficientes, sin tomarse “la molestia” de conocer a Irma y su comunidad, dar por cumplida la recomendación. ¿Les parece que el gobierno realmente logró reparar el daño a Irma? ¿Acaso Oaxaca garantizó que no se violaran más su derecho a la salud a ella, a sus hijos, a las mujeres de Jalapa de Díaz como para cerrar esta importante recomendación que pudo marcar una diferencia en la vida de todo un municipio? No, no y no.
En GIRE hemos documentado y acompañado a Irma en este proceso tan desgastante y que parece no tener fin. Ella es fuerte, muy fuerte, y sus hijos están aprendiendo que la vida está llena de injusticias, pero que con determinación se pueden vencer los obstáculos. Sin embargo, en esta situación, donde no hay posibilidades de garantizar lo más básico del derecho a la salud, las personas son tan vulnerables y vulneradas que a veces parece imposible avanzar.
Por eso exigimos a las autoridades de Oaxaca que cumplan de manera inmediata sus compromisos con Irma y su hijo y detengan este ciclo de violaciones a sus derechos humanos.