El asunto es viejo. Bastó preguntar en redes sociales (Twitter y Facebook): “¿Has parido en un hospital público y sentiste que alguien del personal de salud te obligó a elegir un método anticonceptivo?” para que mujeres de Guadalajara, estado de México, Monterrey y Ciudad de México hicieran memoria. La historia más antigua es de 1986, es decir, de hace 31 años.
Quizá no la habían llamado por su nombre, pero todas fueron víctimas de anticoncepción forzada. Llamada así, parece posible sopesar el grado de violencia a la que fueron sujetas.
Una mujer de 52 años recordó que el médico que atendió su parto le colocó el DIU sin su consentimiento. Le dijo: “Mija, te lo tengo que poner de todos modos. Si quieres que te lo quiten después cuando te pasen a piso.” Como si la colocación de ese dispositivo fuera ponerse una blusa u otra. El servidor público hizo su trabajo y no le importó violar el derecho a la vida privada de la mujer.
Otra de las historias que fue compartida: 22 años después de parir a su última hija supo que en su útero tenía un DIU que nunca pidió. “Se enteró hace unos cinco años que lo tenía, por un ultrasonido que le realizaron por control médico.”
Estos abusos han sido producto de una política pública que pretendía reducir el índice de mortalidad materna relacionada con partos continuos. A las mujeres, sí, se les informa, regularmente con un dejo de advertencia, que su salud podría estar en riesgo si tienen un nuevo embarazo poco tiempo después de parir, pero no permiten que ellas decidan el camino para protegerse.
En el informe Niñas y mujeres sin justicia, GIRE documentó que el número de aceptantes de Anticoncepción Posterior a un Evento Obstétrico (APEO) sí aumentó en el sexenio de 2006 a 2012. La cifra pasó de 928 mil 500 a 1.26 millones, lo que representó un aumento de 36%.
Nos preguntamos, ¿ese “éxito” fue a costa de la decisión libre e informada de las mujeres? Las historias indican que sí.
Otra mujer relató que parió a su hija y avisó, en voz alta, que ella y su pareja utilizarían el condón como método anticonceptivo, pero no se lo permitieron. “Me pusieron un DIU que se me enterró en el cuello uterino.” Sangró durante 40 días hasta que se lo retiraron y, de nuevo, el médico que la atendió no aceptó que optara por el condón. “Me hizo que le prometiera que no tendría relaciones sexuales antes de la siguiente cita, en la que me propuso el implante hormonal como única opción. No me sentí ni libre, ni respetada”, aseguró.
El asunto, más allá de números y políticas públicas, tiene que ver con que otros (hombres y mujeres personal de servicios de salud) insisten en dirigir y decidir la vida reproductiva de las mujeres que llegan a su jurisdicción.
Así le pasó a una mujer en Nezahualcóyotl, estado de México. Después de su cesárea solicitó que le realizaran la salpingoclasia (el método anticonceptivo definitivo). “Me contestó el doctor que no, que necesitaba el consentimiento del papá del niño. Le dije, ‘pero si es mi cuerpo, yo ya no quiero más hijos’. Me dijeron que no porque luego venían las demandas. Les pregunte: ‘¿y sí soy madre soltera qué, tampoco me operan?’, solo se rieron, me dijeron que lo único que podían hacer era esperar a que llegara mi esposo, que si autorizaba me operaban, si no, no… y pues mi esposo no llegó y no me operaron.”
En GIRE consideramos necesario que se reconozca este tipo de violencia contra las mujeres. Se habla ya de esterilización forzada contra mujeres indígenas, presas o con alguna discapacidad física o mental, pero los casos de anticoncepción forzada son igualmente graves porque también se violan los derechos humanos de las mujeres que la padecen.