Por: Omar Feliciano (@tipographo)
A casi cien días del gobierno del Presidente López Obrador pareciera que busca un divorcio total con las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales fueron entusiastas de su proyecto de nación durante la campaña. La descalificación que hace Lopez Obrador de la sociedad civil es un desprecio a la función que ha cumplido en fortalecer la democracia, la transparencia, la visión de los derechos humanos y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Su decisión sobre las estancias infantiles le enfrentó con organizaciones feministas y de desarrollo. En el contexto del recrudecimiento de la violencia feminicida durante sus primeros tres meses de gobierno, la noticia de que se dejará de apoyar a los refugios para mujeres víctimas de violencia es poner sal en la herida. Y ni una palabra le ha merecido la suspensión de la convocatoria 2019 para apoyo a proyectos de las organizaciones en respuesta al VIH/SIDA, así como entidades académicas.
Sobre las estancias infantiles Oxfam México, Gire y Save the Children llamaron al gobierno a que las transferencias no sean sujetas a manejos discresionales que ponen la responsabilidad en la estructura familiar históricamente desventajosa para las mujeres. Recomendaron que hubiera un periodo de transición para garantizar la operación de las estancias, que se cree un grupo de trabajo conformado por especialistas para revisar y reestructurar el programa sin detener los subsidios. Insistieron en que se asegure que el nuevo programa defina altos estándares de seguridad, salubridad, mecanismos de supervisión, y que fortalezca los procesos formativos y las condiciones de trabajo de educadoras y educadores para ampliar de forma progresiva el sistema nacional de cuidados.
La Red Nacional de Refugios, que está compuesta por 81 espacios de atención y protección especializada ha pedido urgentemente que rectifique su decisión que va en contra de las obligaciones del Estado mexicano. La idea de una transferencia directa a las mujeres víctimas va contra el sentido común: no hay forma alguna en que el sistema de intervención multidisciplinaria que atiende a las mujeres y a sus hijos e hijas sea sustituido por dinero en efectivo. La experiencia de los refugios en materia de atención psicológica, médica, social, psicopedagógica y legal es invaluable.
En este mismo tenor una red de 206 organizaciones denunció la cancelación de la convocatoria de Censida y recordó el tangagate como un caso en que han estado del lado del gobierno en la lucha contra la corrupción: “[…]fuimos las organizaciones civiles las que denunciamos el desvío de recursos en Provida, por eso nos desconcierta mucho esta acción de cerrar todos los recursos dirigidos a organizaciones de la sociedad civil”. Es importante destacar que en 2018 esta convocatoria financió 122 proyectos con 865 mil 823 pesos dirigidos a poblaciones claves a las que el Estado tiene poco acceso o donde brinda servicios poco amigables: hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadoras sexuales y usuarios de drogas intravenosas.
En estos casos el Estado no puede substraerse de sus obligaciones en materia de derechos humanos: El comité CEDAW insiste en la responsabilidad del Estado en el fortalecimiento de la participación de las organizaciones que realizan un trabajo en la prevención, atención y sanción a las violencias contra las mujeres. De la misma manera la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción no pueden ir contra el interés superior de la niñez. En la Convención de los derechos del niño, los Estados parte se comprometen a asegurar la protección y el cuidado, asegurandose de que instituciones, servicios y el establecimiento cumplan con las normas establecidas, con supervisión adecuada. El Estado tiene obligaciones en materia del derecho a la salud y a la no discriminación para llevar a cabo acciones que aseguren el bienestar de comunidades para las que no cuenta con servicios amigables.
Que quede claro: las organizaciones defensoras de los derechos humanos y comprometidas con la democracia trabajan con poblaciones históricamente excluidas, vulnerabilizadas y revictimizadas, muchas veces por el propio Estado. Éstas lo hacen en condiciones de precariedad, carencia y con ambientes políticos adversos, particularmente con gobiernos locales conservadores. Un gobierno que desmantela la infraestructura del sistema de cuidados y protección a las mujeres víctimas no pone a las más pobres primero sino que le impone cargas extra que afectan directamente sus vidas.
Que cien días no sean la marca de lo que puede ser un sexenio que ignore el aporte de las comunidades de base organizadas y de las organizaciones civiles. Que no sean una muestra de una política neoliberal de transferencia de recursos que no construya políticas públicas e infraestructura para los cuidados, que asegure una vida libre de violencia para las mujeres y la atención de la salud de grupos vulnerabilizados. Que López Obrador no dé la espalda a la sociedad civil que lo apoyó esperando que se pusiera primero a las más pobres. No a la austeridad machista.