El 12 de abril de 2020, la Secretaría de Salud publicó los Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. En este documento se establece que la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida son clasificados como servicios esenciales. El mismo mensaje había sido ya enviado por la Secretaría de Salud desde el viernes 10 de abril en un comunicado oficial, y fue ahondado durante la conferencia de prensa del lunes 13.
¿De qué van estos Lineamientos? Tienen por fin fijar medidas para que la demanda de servicios de salud reproductiva -en específico, atención obstétrica, neonatal, aborto seguro en los casos previstos por ley, anticoncepción post evento obstétrico, prevención y atención de la violencia y apoyo psicosocial o salud mental- sean debidamente atendidos. Es decir, este documento no está creando nuevos derechos ni obligaciones, sino que parte de los derechos que ya tenemos reconocidos quienes tenemos la posibilidad de embarazarnos en el país, para que no queden en segundo plano durante el periodo de contingencia sanitaria y para que se refuercen las medidas de prevención y mitigación en los centros de salud donde se prestan estos servicios.
Entre estas medidas están que los hospitales enfocados en la atención ginecobstétrica no deberán formar parte de los planes de reconversión, es decir, no podrán ser utilizados para atender casos por COVID-19. Los hospitales no enfocados en la atención ginecobstétrica, pero que brindan esos servicios y serán reconvertidos, serán utilizados para la atención de mujeres embarazadas con COVID-19. También se deberán habilitar otros espacios físicos para la atención de embarazos, partos y puerperios, así como incorporar a personal de enfermería obstétrica, partería profesional y partería tradicional para dicha atención.
Para quienes trabajamos por los derechos humanos es de celebrar que la Secretaría de Salud incluyera también al aborto legal y seguro entre los servicios de salud reproductiva que son esenciales, sobre todo tomando en cuenta que en otros contextos el acceso al aborto se está viendo amenazado con el pretexto del COVID-19. Estos lineamientos además se deben leer a la luz de los derechos reconocidos en la Constitución, así como de las últimas reformas a la Ley General de Salud publicadas en enero de este año: el derecho humano a la salud es universal, y la situación de migración, de privación de la libertad o de derechohabiencia, entre otras condiciones, no debe ser un obstáculo para su acceso.
Reconocemos este esfuerzo durante la pandemia que da una respuesta a varias de nuestras demandas hechas con anterioridad, por ejemplo, el acceso al aborto seguro por las causales ya reconocidas en ley y la inclusión de otros modelos de atención del embarazo como el de la partería. En GIRE hemos sistematizado y documentado desde hace 9 años las limitaciones del Sistema Nacional de Salud para que los derechos reproductivos puedan ejercerse y, junto con los movimientos feministas y otras actoras de la sociedad civil, hemos hecho recomendaciones puntuales para avanzar en el tema.
Sabemos que en nuestro país la falta de acceso al aborto y a la atención sin violencia del embarazo, parto y puerperio son graves problemas que han estado presentes en la vida de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad reproductiva con mucha anterioridad al COVID-19. Por ello, conocemos las limitaciones para que estos lineamientos puedan reflejarse efectivamente en la realidad de las personas que viven en México: 3 de cada 10 mujeres han referido recibir maltratos durante la atención de sus partos, persiste personal médico que desconoce que el aborto por violación es un servicio de emergencia al que tienen derecho las víctimas de violencia sexual, por mencionar algunas.
Aunado a ello, según información oficial, ya han muerto dos mujeres embarazadas a causa del COVID-19. La situación laboral de personal médico que presta servicios públicos de salud obstétrica se encontraba, también con anterioridad, en contextos de violencia y precariedad laboral, a esta situación se han sumado nuevas agresiones físicas y verbales que pueden propiciar mayores maltratos a las mujeres durante sus partos, especialmente si son confirmadas con COVD-19.
El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo acertadamente hace unas semanas que es un error suponer que solo lo que se ve existe, y, al revés, que todo lo que no se ve no existe. Desde GIRE queremos hacer énfasis en que también es un error suponer que solo por estar escritos los derechos, ya están garantizados. Estaremos vigilando porque no solo durante la pandemia, sino permanentemente, sea esencial que podamos ejercer nuestros derechos.