Por: Iván Baez (@IvanABD)
Como saben, pues la noticia se esparció en todo el país, en Sonora le negaron a una niña, de ahora 14 años, interrumpir el embarazo luego de haber sido violada. La negativa se suma a una cadena de errores por parte de las autoridades locales, lo que puede considerarse como un trato cruel, inhumano y degradante.
El 2 de mayo abusaron de Citlali y ese mismo día presentó la denuncia ante el ministerio público, quien consideró se trataba de una violación agravada. El caso fue llevado ante un juzgado de Primera Instancia de lo Penal, que a su vez declinó su competencia a favor de un Juzgado Oral de lo Penal. Dentro de este intríngulis legal, el poder judicial “reclasificó” el delito considerando que se trataba de estupro, aspecto que no sólo es insostenible pues la evidencia muestra que hubo violencia física, sino que adicionalmente ocasiona una revictimización hacia Citlali y su familia con la consecuencia fatal de haber facilitado a las autoridades de Salud del estado la negativa de interrupción del embarazo.
A pesar de que en múltiples ocasiones se solicitó la interrupción del embarazo, la negativa de las autoridades fue reiterada al pretender justificar su posición, la cual no sólo era errónea sino que ocasionaba múltiples violaciones a los derechos humanos de Citlali.
De acuerdo con la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la interrupción del embarazo es un servicio de salud al que tienen derecho las mujeres víctimas de violación, por lo que en el presente caso debió ser suficiente que las autoridades de salud determinaran haberse encontrado ante la presencia de una violación sexual, ya que la norma ni siquiera establece la obligación de denunciar la agresión sexual, es decir, que debió bastar para efectos de los servicios médicos de emergencia el dicho de la víctima, sin exigir mayores requisitos, situación que no se ha respetado en el caso de Citlali.
Por si no fuera suficiente en esta cadena de errores, a Citlali no se le dio la atención médica de emergencia como marca el protocolo, tenían que haberle dado la pastilla anticonceptiva de emergencia en el hospital. Además, ante los malestares de salud que padecía, quedó constancia de que se trataba de un embarazo de alto riesgo, por lo que también resulta aplicable la interrupción del embarazo por una causa de salud.
Dadas las circunstancias, resulta especialmente preocupante la actuación del gobierno de Sonora, ya que el embarazo a temprana edad implica un riesgo a la salud y vida de las niñas, y en niñas menores de 14 años los riesgos durante el parto son dos veces más altos que en las mujeres adultas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales en niñas y adolescentes.
Ante este panorama desalentador se están adoptando las acciones que permitan garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos a Citlali, con el fin de que no tenga que dañarse totalmente su proyecto de vida, mientras que a las autoridades de Sonora les corresponde buscar una reparación integral.
Citlali y su familia acudieron ante distintas autoridades para buscar una solución, pero sólo encontraron negativas. A la familia le sorprende que ahora pareciera haber interés de las autoridades. Esperan que, de darse un acercamiento, sea para ayudar y no para continuar el desgaste al que se enfrentaron, ya que no sólo no les dieron soluciones, sino que era común pedirle a Citlali repetir su historia una y otra vez.
Ha sido un camino complejo que no debería ser tan tortuoso para una víctima. Un andar que evidencia todo lo que falta para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de víctimas como Citlali, incluyendo una atención adecuada, oportuna y con calidad humana.
En los últimos 10 días, la familia ha recibido múltiples muestras de solidaridad por parte de la sociedad civil, de personas en lo individual y de colectivos incluyendo a los medios de comunicación. Todos han manifestado apoyo e indignación, lo que ha sido de ayuda para Citlali y familia.
Entre los deseos de la familia se encuentra el de recuperar su vida y su privacidad, ante esto esperan que no se den actos de molestia, razón por la que también han procurado ser muy discretos. Es natural que no quieran que se conozcan sus datos personales y sean señalados, sobre todo para permitirle a Citlali reacomodar su vida.
Nuestro deber como sociedad es solidarizarnos ante este tipo de actos, exigir se haga justicia y se repare el daño, así como buscar la no repetición de casos similares y, por supuesto enterarnos y difundir lo ocurrido y su seguimiento, pero también tenemos el deber de respetar sus deseos de privacidad y más aún cuando se trata de niñas víctimas de violencia sexual. Todo esto a fin de evitar la revictimización, pero visibilizándolo para exigir un alto total a este tipo de violencia.
* Iván Baez es abogado de @GIRE_mx