En los estados de Chihuahua y Chiapas se suman a la estrategia contra la regulación del delito de aborto

Ciudad de México, 14 de junio de 2022

Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, en los estados de Chihuahua y Chiapas se presentaron amparos contra la regulación del delito de aborto. 

Esta estrategia se fortalece y cada vez se integran más entidades. Además de organizaciones de Aguascalientes y Puebla, que en el mes de febrero presentaron los amparos respectivos y actualmente se encuentran en trámite, ahora Marea Verde Chihuahua e Iniciativas Feministas de Chiapas se suman para eliminar el aborto autoprocurado y consentido de los códigos penales de sus estados.

Los amparos presentados se basan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que: 

• Tanto la criminalización absoluta del aborto como el uso del derecho penal para prohibirlo son inconstitucionales.
• Se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales. 
• Las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales. 

La implementación de la estrategia responde a la vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, así como a la creciente demanda de la despenalización del aborto por parte del movimiento feminista y las colectivas. Asimismo, busca eliminar los obstáculos para acceder a servicios de aborto legal, el patrón de criminalización, y el estigma que ésta genera en quienes abortan, además de la inhibición que provoca en el personal de salud.

Esta estrategia apoya los esfuerzos por la despenalización y el acceso al aborto que se están impulsando en los congresos locales. Si el amparo se concede, el apartado de los códigos penales impugnados ya no tendrá efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar. 

La prohibición del aborto autoprocurado y consentido, así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales, son discriminatorios y una violación a los derechos humanos. Con esta estrategia se busca que a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se les criminalice por aborto. 

Confiamos en que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guíen las decisiones de las y los juzgadores de las entidades donde aún se penaliza el ejercicio de la autonomía reproductiva.

Para mayor información, contactar a Karen Villalobos en el correo: [email protected]