Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, en los estados de Morelos y San Luis Potosí se presentaron amparos contra la regulación del delito de aborto.
Además de organizaciones de Aguascalientes, Puebla, Chihuahua y Chiapas, cuyos amparos se encuentran en trámite, ahora diversas organizaciones en Morelos y San Luis Potosí se suman para eliminar el aborto autoprocurado y consentido de los códigos penales de sus estados.
Los amparos presentados se basan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que:
La implementación de la estrategia responde a la vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, así como a la creciente demanda de la despenalización del aborto por parte del movimiento feminista y las colectivas. Asimismo, busca eliminar los obstáculos para acceder a servicios de aborto legal, el patrón de criminalización, y el estigma que ésta genera en quienes abortan, además de la inhibición que provoca en el personal de salud.
Además, la estrategia apoya los esfuerzos por la despenalización y el acceso al aborto que se están impulsando en los congresos locales. Si el amparo se concede, el apartado de los códigos penales impugnados ya no tendrá efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar.
Por otra parte, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto autoprocurado. Si el amparo se concede, IMSS e ISSSTE tendrían que brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.
La prohibición del aborto autoprocurado y consentido, así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales, son discriminatorios y una violación a los derechos humanos. Con esta estrategia jurídica integral buscamos que ninguna mujer o persona gestante, ni el personal de salud, sean criminalizados por aborto.
Confiamos en que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guíen las decisiones de las y los juzgadores de las entidades donde aún se penaliza el ejercicio de la autonomía reproductiva.
Para mayor información, contactar a Karen Villalobos en el correo: [email protected]