La prioridad para los sistemas de salud es la pandemia, pero también deben atenderse situaciones de salud que no pueden posponerse como el acceso a un aborto seguro.
Hace apenas unas semanas las mujeres de todo el país salimos a las calles reclamando nuestros derechos. Difícilmente pensábamos que el siguiente paso sería atender la llegada a México de la pandemia por COVID-19 obligándonos a quedarnos en casa y replantearnos nuestras dinámicas laborales, familiares, económicas y de salud.
Cuando los fenómenos de salud afectan a las relaciones humanas y al bienestar social, es necesario implementar medidas extraordinarias. Esta pandemia ha generado en el mundo una crisis sanitaria, pero también económica y social. En México, las autoridades del sector salud han atendido el problema y, según lo que informan diariamente, estamos atravesando por el que será el momento decisivo en el que se podrá reducir la curva de contagio y así lograr la atención oportuna de todos los casos que se presenten.
Si, como ha ocurrido en otros países, los servicios de salud en nuestro país se saturan, surge la pregunta de qué vamos a hacer con los servicios de salud que no son postergables y que requieren de atención, con COVID-19 o sin él. El acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en México debe de ser garantizado y no ser aplazado o desplazado en tiempos de pandemia, ya que es un servicio de salud esencial y sensible al tiempo, que de no realizarse podría traer consecuencias graves para las mujeres y sus familias.
Durante la pandemia hay países en los que se ha considerado que la interrupción del embarazo no es prioritaria, por lo que los servicios de las clínicas se han suspendido. También hay regiones donde las clínicas no son accesibles y las personas gestantes tienen que viajar para acceder al servicio, pero la prohibición de viajes dentro de los países ha dificultado el acceso: algo que, sin duda, impacta a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza.
Desconociendo las recomendaciones de organizaciones de profesionales de la salud y aprovechando la crisis sanitaria para obstaculizar el acceso al derecho a la salud, en Estados Unidos grupos antiderechos han tomado como pretexto la situación para restringir, o prohibir directamente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En los estados de Alabama, Iowa, Oklahoma, Ohio y Texas se ordenó que las clínicas de aborto dejaran de prestar el servicio, argumentando que no proveen un servicio de salud esencial y que debían de dirigir sus recursos médicos a la atención del Coronavirus. Organizaciones como Planned Parenhood y el Centro por los Derechos Reproductivos interpusieron demandas a nivel federal y lograron que se mantengan los servicios en todos, excepto en Texas.
Ya antes de la pandemia, en Estados Unidos se padecía la administración abiertamente antiderechos del gobierno de Donald Trump. En el contexto actual se espera que las restricciones aumenten en otros estados.
Por otro lado, en países como Irlanda, en donde el aborto es legal, la prohibición de viajes no esenciales decretada por la Unión Europea pone en peligro el acceso libre al aborto, complicando la garantía de los derechos reproductivos en este contexto. En contraste, en Uruguay se decretó que los servicios se garantizarán con o sin pandemia.
En momentos como los que estamos viviendo es indispensable que concibamos a la salud reproductiva como un aspecto de la salud integral y a los derechos reproductivos como derechos humanos. Queda clara la importancia de que los sistemas de salud tengan como prioridad atender la pandemia. No obstante, también deben atenderse algunas situaciones de salud que no se pueden posponer como la necesidad de acceder a un aborto seguro. No podemos olvidar que al negar el acceso a la ILE se propician métodos inseguros que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
Es bien sabido que el aborto realizado en condiciones adecuadas es un procedimiento seguro. Se vuelve riesgoso cuando se realiza en circunstancias insalubres o sin la asesoría adecuada. En el mundo, entre 4.7 y 13.2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a un aborto inseguro. En México es la cuarta causa de muerte materna.
Entre otras cosas, durante periodos de aislamiento social se ha alertado sobre los riesgos que tienen las mujeres y niñas de sufrir violencia sexual. En México, la mitad de los delitos sexuales se producen en el hogar de las víctimas y, 60% de las veces, los agresores son familiares o personas conocidas. En este contexto, el acceso a un aborto legal y seguro es indispensable e impostergable.
Ante la situación distintas organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres alrededor del mundo han propuesto que se instaure la atención médica por medios no presenciales. Alliance for Choice, la Campaña por los Derechos al Aborto y la Red de Apoyo al Aborto, entre otras, aseguran que la telemedicina proporcionaría un apoyo real para las mujeres durante la crisis del Coronavirus. Estas herramientas en línea podrían ayudar también a que las medidas de las autoridades de salud se adapten para atender temas clave. Por ejemplo, que se pueda consultar vía telefónica o por internet a personal de salud que brinde asesoría en línea sobre el procedimiento y llevar a cabo interrupciones tempranas de embarazos con medicamentos dando seguimiento sin necesidad de acudir a los hospitales o clínicas en donde se estará priorizando la atención a enfermos de COVID-19.
Los derechos reproductivos deben garantizarse siempre. En estos tiempos de crisis se deben redoblar esfuerzos y no bajar la guardia para que las mujeres tengan acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo y su salud no se ponga en riesgo.
