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Aborto, información y libertad de expresión

agosto 31, 2020

Garantizar los derechos a la información y a la libertad de expresión a través de la labor de los colectivos y organizaciones feministas es indispensable para el libre intercambio de ideas, la formación de la opinión pública y para que la población pueda tomar decisiones libres e informadas.

Trabajar por el acceso al aborto legal y seguro es la causa que dio vida a GIRE hace más de 25 años. Desde 2011, hemos documentado el panorama de los derechos reproductivos en México a partir de la publicación de informes periódicos que dan cuenta de las deudas del Estado mexicano que, administración tras administración, se han dejado en segundo plano. Con base en fuentes documentales como leyes y normas administrativas federales y locales, datos estadísticos, información pública obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, así como casos que GIRE ha acompañado, tenemos conocimiento detallado de la aplicación real de los marcos legales y las barreras normativas y estructurales que en materia de aborto enfrentan las mujeres.

El pasado 12 de agosto, el diputado Juan Carlos Leal Segovia del Partido Encuentro Social en el Congreso de Nuevo León presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud que incluye mecanismos de censura previa y estigmatiza la labor de colectivos feministas, lo cual va en detrimento del derecho a la información y vulnera la libertad de expresión en relación con el derecho a la salud. La iniciativa pretende adicionar al artículo 4o de la Ley de Salud del estado la fracción XXVII, que a la letra dice: “(…) prohibir la promoción y la publicidad para realizar abortos clandestinos, así como los medicamentos o drogas para realizarlos”. De aprobarse, esta reforma habilitaría mecanismos de censura previa, lo cual es expresamente inconstitucional y contrario a estándares internacionales de derechos humanos.

La motivación de la iniciativa señala que el objetivo de la nueva fracción es “proteger a la mujer y a su hijo” de muertes provocadas por abortos caseros, y sostiene que “son los grupos y colectivos feministas quienes anuncian, promueven, fomentan y comercializan estos abortos”. Además, establece que esta práctica debe ser considerada un delito y debe investigarse, ya que “no debe suministrarse medicamentos abortivos y tampoco se debe permitir la publicidad engañosa sobre este tipo de medicamentos”. Esta narrativa contraviene la obligación del Estado de no generar discursos estigmatizantes contra determinados grupos de la población, en este caso, a quienes defienden y promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo, a través del acompañamiento de aborto seguro en casa con medicamentos, con base en guías aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.

La labor que realizamos las organizaciones feministas es esencial para la defensa de los derechos de las mujeres: generamos y proveemos información relacionada con la atención a la violencia de género y el acceso a la justicia. El trabajo de GIRE, por ejemplo, favorece que las mujeres conozcan las causales legales de aborto en cada entidad federativa, sensibiliza a la población sobre los derechos humanos que se violan cuando se niega el acceso al aborto legal y seguro, y concientiza a los medios de comunicación para que no contribuyan a estigmatizar el aborto ni a criminalizar a las mujeres. Asimismo, el acompañamiento legal que brindamos permite garantizar el acceso al aborto y acercar la justicia a quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos reproductivos.

Por otra parte, la información que colectivas feministas difunden sobre métodos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como sobre las formas de beneficiarse de los avances de la ciencia y la tecnología, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar. En este sentido, la reforma que se propone carece de una visión preventiva de salud pública y tiene el potencial de generar un efecto disuasorio en las personas que brindan información sobre aborto seguro en casa, lo cual resulta en escasez de información e impacta de manera directa en el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en relación con el derecho a la salud.

Garantizar los derechos a la información y a la libertad de expresión a través de la labor de los colectivos y organizaciones feministas es indispensable para el libre intercambio de ideas, la formación de la opinión pública y para que la población pueda tomar decisiones libres e informadas. Ante la iniciativa presentada en el Congreso de Nuevo León, organizaciones de la sociedad civil llamamos al diálogo basado en evidencia, que permita la participación activa, libre y significativa de las partes interesadas, a fin de evitar la aprobación de legislaciones que vayan en detrimento de los derechos humanos.

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