En septiembre del año pasado el presidente López Obrador remitió su iniciativa de Ley de Amnistía a la Cámara de Diputados. En el documento expuso que era parte de su “…compromiso permanente (…) por aliviar las injusticias que padece el pueblo de México…”. Fueron muchas las organizaciones y personajes renombrados de la sociedad civil y la academia quienes abrazaron la propuesta como un primer paso hacia la reconciliación y la construcción de un país más justo.
Sobre la situación de las mujeres y otras personas procesadas penalmente por los delitos de aborto u homicidio en razón de parentesco (delito del que son acusadas con frecuencia para castigar abortos de forma más severa), desde GIRE manifestamos nuestro respaldo a la amnistía, habida cuenta de que ninguna —o casi ninguna— persona ha sido procesada penalmente ante un tribunal federal por un delito mayormente perseguido en el fuero común, pero también sabedoras de que la justicia reproductiva es una deuda para la población privada de la libertad, en especial las mujeres y otras poblaciones históricamente discriminadas.
La apoyamos, también, porque en el Decreto se establecería la promoción, desde la Secretaría de Gobernación, para expedir leyes de amnistía similares para personas procesadas localmente (es decir, no ante tribunales federales) por delitos del fuero común en cada una de las entidades federativas, en donde las cifras de criminalización —denuncias, averiguaciones, juicios y sentencias— por aborto y homicidio en razón de parentesco son muchas más que en el ámbito federal. Es decir, será en el ámbito local en el que más mujeres puedan beneficiarse de una eventual amnistía.
Comenzó así —en la Cámara de Diputados— el proceso de análisis y dictamen con la convocatoria que hicieron las comisiones legislativas para participar en las “Audiencias de Parlamento Abierto” durante el mes de octubre, cuya finalidad era retroalimentarse de la experiencia de decenas de organizaciones (GIRE entre ellas), instituciones, organismos internacionales, así como de muchas expertas y expertos para discutir los diferentes delitos que estaban siendo considerados para una posible amnistía. Hubo un cierto consenso entre los participantes: aunque no sería suficiente, la Ley de Amnistía representaría un buen primer paso en el camino hacia un México más justo, siempre y cuando la discusión continuara y motivara futuros cambios en la política criminal de nuestro país, como la despenalización del aborto.
Pareció que la mayoría de las y los diputados lo asumían, pues en el dictamen aprobado en diciembre pasado aseguraron coincidir “… en considerar esta propuesta (la iniciativa de Ley), como parte de una estrategia de política criminal centrada en la justicia y en la atención de las causas del delito”, y añadieron un artículo transitorio con el que el propio Congreso se comprometía a hacer un ejercicio de revisión —en un plazo de 180 días— de los delitos considerados por la propia Ley de Amnistía con la finalidad de “valorar” la vigencia de sus elementos configurativos. Aunque con polémica de por medio, la Ley de Amnistía avanzó en la Cámara de origen por mayoría de votos.
Llegó el turno del Senado, donde la Ley parecía irse congelando al mismo tiempo que en el mundo se incubaba una pandemia, que tarde o temprano obligaría la suspensión de toda actividad legislativa. Pero gracias al impulso de una sociedad civil organizada y al esfuerzo de algunos senadores y senadoras, que ante la inminente amenaza de una escalada de contagios insistieron en la urgencia de la medida, legisladores y autoridades volvieron a mirar el saturadísimo sistema penitenciario mexicano para aprobar —en medio de la premura y en plena emergencia— la Ley de Amnistía. Aunque quedan en el aire dudas alrededor de los motivos para la aprobación de la Ley de Amnistía, por el debate y la forma en que fue aprobada en el Senado la semana pasada, a escasas horas del anuncio oficial de que México entraba en la Fase 3 de la contingencia sanitaria y que lo peor de la pandemia estaba apenas por venir.
¿La amnistía concedida se mantendrá como un reconocimiento de las terribles injusticias cometidas en perjuicio de los sectores más vulnerables de la sociedad, o se quedará tan sólo como una más de las medidas sanitarias preventivas impulsadas por Susana Distancia ante el inminente arribo del SARS-CoV-2 al sistema penitenciario nacional? ¿Nos tuvo que caer encima una pandemia para que se dieran cuenta de que es ahí —en las prisiones y en el conjunto del sistema de justicia penal— donde existen las condiciones precisas para infligir algunos de los más graves actos de injusticia en contra de las poblaciones más vulnerables?
El coronavirus ha caído “como anillo al dedo” para terminar de desnudar un sistema de justicia penal desigual, que criminaliza mayormente a las personas —incluyendo a miles de mujeres— por condiciones preexistentes de discriminación, y para demostrar cómo se ha recurrido en México de manera desproporcionada al Derecho Penal para el tratamiento de problemas o fenómenos sociales que debieron abordarse desde otros enfoques. Es el caso del aborto, que debería ser considerado un asunto de salud pública y no materia penal, ¿cómo podrá garantizar el personal médico los derechos de quienes necesitan un aborto mientras siga siendo considerado mayormente un delito?
Si existe un verdadero ánimo de reconocer y corregir determinadas injusticias, además de la Ley de Amnistía, tendría que subsistir el compromiso asumido por las y los legisladores de continuar con la reforma de aquellas condiciones que dieron origen a esas injusticias, para que la amnistía no quede en un mero borrón y cuenta nueva. Esperemos que el coronavirus no haya infectado el necesario e indispensable proceso de revisión de las conductas por las que creemos que vale la pena encarcelar a la gente.
* Francisco Cué (@PacoCue), Vinculación Legislativa.
