El presidente insiste en creer que la violencia contra las mujeres es sólo percepción de unas cuantas que, además de exagerar, no saben comportarse. Pero las cifras no mienten: la violencia contra las mujeres en México es grave.
Reconocer y eliminar la cadena de violaciones a los derechos humanos que durante décadas se han perpetrado en contra de las mujeres, así como implementar políticas públicas que aseguren el acceso a la justicia y la reparación integral por estas violaciones, sigue siendo asignatura pendiente para el actual gobierno.
Todas las mujeres que en México han sido víctimas de constantes violaciones a los derechos humanos demandan el reconocimiento y la atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en tanto vía de acceso a la verdad y la justicia; por ello, no resulta extraño que la rabia e impotencia, junto al clamor por la seguridad y la garantía de una vida libre de violencia, se hayan apoderado de quienes el pasado 4 de septiembre tomaron las oficinas de la CNDH, ubicadas en el centro histórico.
Para muchos no fue bien visto que colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio, abuso sexual y personas desaparecidas anunciaran que ocuparían las instalaciones por tiempo indefinido, cambiaran el nombre a “Casa de Refugio Ni Una Menos México” y destinaran el inmueble a brindar atención jurídica y psicológica a mujeres víctimas de distintos delitos. Sin embargo, ¿se habrán preguntado las razones detrás de estas acciones?, ¿cuántas de las personas que reprueban estos actos se han interesado por indagar en torno a la rabia, el dolor y la injusticia detrás de esta ocupación?
Ante los recortes presupuestales y debido a la desigualdad histórica que impera en México, son completamente legítimos los reclamos de quienes tomaron esta sede de la CNDH. Recordemos que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año, se recortó 75% del presupuesto destinado a todo el Poder Ejecutivo Federal y, como consecuencia, las instituciones y dependencias operan a la mitad de su capacidad y realizan sus funciones con la cuarta parte de su presupuesto, lo cual ha minado –si no es que paralizado– las actividades institucionales que son de gran trascendencia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
El reiterado desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el dolor y la rabia de las mujeres es indignante: aun cuando dice reconocer el derecho a la manifestación, sigue centrando su atención en las formas, acentuando la indiferencia y la insensibilidad como sello de su sexenio. El presidente insiste en creer que la violencia contra las mujeres es sólo percepción de unas cuantas que, además de exagerar, no saben comportarse. Pero las cifras no mienten: la violencia contra las mujeres en México es grave.
Con el inicio de la llamada “guerra contra las drogas” y la consecuente militarización de la seguridad pública, los asesinatos de mujeres se dispararon, pasando de 1,089 en 2007 (una tasa de 2 mujeres por cada 100 mil) a 3,824 en 2019 (una tasa de 5.9 mujeres por cada 100 mil), la tasa más alta desde 1985. Por otra parte, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, las solicitudes de ingreso a refugios han incrementado 12.71% durante la contingencia por COVID-19.
Lo ocurrido en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec da cuenta de la falta de compromiso con los derechos humanos y deja ver la preocupación de las autoridades por los “severos” daños al patrimonio. Para resguardar las instalaciones, las autoridades priorizaron el uso excesivo de la fuerza, poniendo en riesgo la integridad de mujeres, familias, fotógrafas y periodistas que se encontraban ahí: hubo detenciones arbitrarias, varias mujeres junto con menores de edad fueron subidas a vehículos no oficiales y se omitió informar sobre su paradero. Aun cuando hay evidencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía municipal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó que “haya sido utilizada fuerza desmedida y se haya llevado a cabo algún procedimiento ilegal en contra de alguna persona durante esta movilización”.
Asimismo, en la “antigrita” de la independencia quedó claro el hartazgo por las víctimas que han sido ignoradas durante mucho tiempo: “no puede ser posible que sus cifras digan que estamos siendo asesinadas diez mujeres diarias en este país y que nadie haga nada”. Su clamor está más que justificado: las protestas feministas han ganado las calles, pero la omisión e indiferencia del gobierno se han perpetuado. Aunque las autoridades aseguran tener apertura para escuchar y trabajar con y para las mujeres, la realidad no cambia.
La violencia contra las mujeres es inadmisible y debemos construir una sociedad que la erradique. Reprobamos el uso de la fuerza y las detenciones arbitrarias contra las mujeres y los movimientos que exigen justicia. Desde GIRE nos solidarizamos con todas las víctimas de violaciones a derechos humanos y con las familias que han perdido a una mujer en este contexto. El pañuelo verde, símbolo de autonomía y libertad, abraza la causa en contra de la violencia. Nos solidarizamos, movilizamos y trabajamos por todas.