Las medidas de aislamiento han puesto en mayor riesgo y vulnerabilidad a niñas y adolescentes que antes de la pandemia ya sufrían, dentro y fuera de sus hogares, violencia sexual.
El embarazo a temprana edad constituye una cuestión de salud pública y de derechos humanos que se asocia con riesgos para la salud tanto de la persona gestante como de sus hijos e hijas; puede ser un obstáculo para su desarrollo psicosocial, repercutir negativamente en oportunidades educativas y laborales, así como contribuir a perpetuar ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud.
México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con la tasa más alta de fecundidad adolescente: en 2017, por cada mil mujeres con edades entre los 15 y 19 años, se dieron 73.6 embarazos. El mismo año, el INEGI registró que un total de 390 mil 89 mujeres menores de 20 años fueron madres; de ellas, 9 mil 748 eran niñas menores de 15 años y 380 mil 341, adolescentes entre 15 y 19 años. En 2018, de acuerdo con el INEGI, cada día hubo, en promedio, 2 niñas de entre 10 y 11 años tuvieron que convertirse en madres.
Detrás del embarazo de muchas niñas y adolescentes hay historias de abusos y violaciones sexuales. De acuerdo con la ENDIREH 2016, 10.09% de las mujeres que tuvieron un embarazo adolescente sufrieron algún tipo de violencia sexual. También mostró que 1.2 millones de mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales por la fuerza o bajo amenaza alguna vez durante su infancia. Esta misma encuesta revela que 80.31% de las mujeres que fueron víctimas de violación en la infancia y reportaron un embarazo en la adolescencia fueron violentadas por familiares y 50.23% lo fueron por vecinos o personas conocidas. Estas cifras muestran que el embarazo en adolescentes no solo se asocia con un inicio temprano de la vida sexual o falta de información sobre uso y acceso a métodos anticonceptivos. Es necesario advertir los altos índices de violencia sexual que enfrentan las niñas y adolescentes en México.
En 2015, el gobierno federal lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) que plantea como objetivos principales disminuir los embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años en 50% y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años para el 2030. En esta Estrategia el Estado reconoce que el embarazo en la adolescencia amplía las brechas sociales y de género; es un tema de proyecto de vida, educación, salud y, sobre todo, de respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, a pesar de que en la Estrategia se reconoce a la violencia sexual como una causa de embarazos tempranos, no se contempla garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo por violación como acciones prioritarias.
Las medidas de distanciamiento social y confinamiento adoptadas a nivel global para frenar la propagación del COVID-19 y reducir su impacto en los sistemas de salud han exacerbado otro peligro: la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres encerradas con sus agresores. ONU mujeres ha documentado que, a partir del aislamiento en los hogares ha habido un aumento en las denuncias por distintos tipos de agresión hacia las mujeres: abuso, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y familiar. En México la situación no es distinta. A pesar de que el titular del Ejecutivo ha negado esta realidad, en marzo de 2020 se registraron 115 mil 614 llamadas al 911 relacionadas con violencia hacia las mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas denuncias aumentaron 22% con relación al mes de febrero y 28% más que en enero de este año.
Las medidas de aislamiento han puesto en mayor riesgo y vulnerabilidad a niñas y adolescentes que antes de la pandemia ya sufrían, dentro y fuera de sus hogares, violencia sexual. Sin embargo, en estos momentos los obstáculos para solicitar apoyo pueden ser aún mayores: dificultad para trasladarse a los servicios de salud, miedo a contagiarse de COVID-19 al salir en busca de ayuda, desconocimiento de las instancias que pueden orientarlas, saturación de los sistemas de salud, así como la negativa u obstáculos del personal médico para la interrupción del embarazo producto de una violación sexual.
Aunado a estas condiciones de violencia sexual a las que están expuestas en este momento miles de niñas y adolescentes en México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha advertido que la respuesta de emergencia al brote del COVID-19 también puede repercutir en el desvío de recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva con el propósito de hacer frente a la pandemia. Esta situación se traducirá en un aumento en la mortalidad materna y neonatal, un incremento en las necesidades insatisfechas de planificación familiar y un aumento en el número de abortos en condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual. Por ello es necesario que los gobiernos incluyan a la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales, como lo ha requerido la Organización Mundial de la Salud.
Es urgente que el Estado reconozca que para atender el embarazo adolescente se requieren medidas integrales que respondan al carácter multifactorial del fenómeno, en especial aquellas relacionadas con prevención y atención de la violencia sexual. Es ese sentido, aún y cuando los sistemas de salud se vean saturados por el COVID-19, el Estado debe garantizar a mujeres, niñas y adolescentes el acceso efectivo a diversos métodos de anticoncepción, así como a servicios de aborto seguro en los casos previstos por la ley.
* Verónica Esparza (@esparza2602) es investigadora en @GIRE_mx.