Manuela era una mujer salvadoreña de escasos recursos quien, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Murió en prisión por el nunca diagnosticado cáncer linfático que padecía. Su caso se encuentra hoy en análisis en la CoIDH.
Por primera vez, un tribunal internacional tiene la oportunidad de sentar un precedente histórico en toda América Latina para proteger y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) discutió el caso Manuela contra El Salvador, en un juicio que podría encauzar los debates sobre la autonomía reproductiva de las mujeres en una región que cuenta con algunas de las legislaciones más severas en contra de quienes sufren emergencias obstétricas.
Desde 1998, en El Salvador está vigente una legislación penal que establece la prohibición absoluta del aborto, cuyo impacto en la vida de las mujeres se agrava debido a la persistente situación de pobreza, desigualdad, falta de acceso a educación sexual y anticonceptivos, y a la violencia generalizada que sufren.
Organizaciones locales han evidenciado los terribles efectos de esta prohibición en la vida de las salvadoreñas. Aun en los casos de aborto espontáneo, son objeto de sospechas por parte del personal de salud, que las hostiga y denuncia ante las autoridades, dando como resultado el cumplimiento de largas sentencias por homicidio. También es práctica común que a quienes se encuentran en esta situación se les someta a interrogatorios mientras son atendidas o bajo los efectos de la anestesia —con frecuencia, sin asistencia jurídica—, y se les mantenga esposadas a la cama del hospital y custodiadas durante toda su estancia ahí.
El personal médico denuncia a las mujeres —incluso cuando se trata de emergencias obstétricas— para no ser procesado, lo cual se traduce en violaciones al secreto profesional que está obligado a guardar. Esta falta de confidencialidad ocasiona que las mujeres que necesitan atención por complicaciones en su embarazo eviten acudir al hospital, poniendo en riesgo su salud y su vida.
Manuela era una mujer salvadoreña de escasos recursos quien, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Desde 2006 la aquejaban constantes dolores generalizados; sin embargo, en el hospital nunca le hicieron estudios para diagnosticarla. Desconocía la enfermedad que padecía y empeoró. Dos años después, debido a la precaria situación de salud que presentaba, tuvo un parto precipitado y perdió el conocimiento. Su familia la llevó al hospital, donde fue denunciada por aborto. Esposada a la cama, aún convaleciente y sin abogado que la asistiera, Manuela fue interrogada por la policía. A su padre, que no sabía leer ni escribir, le hicieron poner su huella digital en un documento cuyo contenido nunca le explicaron y que resultó ser una denuncia penal en contra de su hija.
No se observaron las formalidades necesarias respecto a la detención de Manuela ni a la prisión preventiva. Una vez sentenciada, no pudo recurrir el fallo debido a que conoció a su abogado de oficio el mismo día de las audiencias. Víctima de cáncer linfático, Manuela murió durante su estadía en prisión, donde nunca le proporcionaron el tratamiento adecuado para su padecimiento.
El caso fue llevado a la CoIDH para denunciar las violaciones a los derechos humanos que El Salvador cometió en contra de Manuela y su familia al tratar un evento obstétrico como proceso judicial y no como problema de salud. Este caso podría convertirse en un parteaguas para que los Estados de la región dejen de criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas, sobre todo aquellas de escasos recursos y de origen indígena. Lo que le sucedió a Manuela es evidencia de que la estigmatización que sufren las mujeres y la inseguridad jurídica que enfrenta el personal de salud se relacionan directamente con la prohibición del aborto.
La audiencia está ahora en una fase de análisis de alegatos para poder emitir una resolución y sentencia. Se espera que la CoIDH determine una reparación integral para los familiares de Manuela, garantizándoles sus derechos y los medios para que puedan restablecer sus proyectos de vida, incluyendo tratamiento médico y psicológico; que el Estado de El Salvador asuma su responsabilidad por no haber garantizado a Manuela su derecho a la salud y a la vida; revise las injustas condenas de otras mujeres que sufrieron emergencias obstétricas, e implemente políticas públicas para evitar que casos así se repitan.
Ninguna mujer tendría que ir del hospital a la cárcel por haber sufrido una emergencia obstétrica. Colectivas y organizaciones feministas buscamos que las mujeres y otras personas gestantes tengan autonomía reproductiva y accedan a servicios de salud sin poner en riesgo su libertad y su vida. Esperamos que la CoIDH reconozca que la penalización absoluta del aborto es una forma de discriminación y violencia de género, y que la divulgación de la información médica tiene como consecuencia detenciones arbitrarias y constituye una vulneración a la vida privada y al derecho a la salud.
