Aunque el gobierno considere que ya se resolvió el tema de las estancias infantiles, la discusión continúa pues varias organizaciones hemos interpuesto recursos legales. Después de la publicación a principios de marzo del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, se estima que se han presentado cerca de 4 mil demandas de amparo en juzgados federales del país, de acuerdo con la diputada Lía Limón. Mientras esto sucede en todo México, poco a poco las estancias van cerrando sus puertas: es una carrera por la sobrevivencia de estos espacios de cuidado infantil orientados a las familias de bajos recursos.
Desde GIRE, junto con la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Save the Children, la Red por los Derechos de la Infancia en México, así como un grupo de estancias y madres beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles, se promovió una demanda de amparo indirecto para tutelar los derechos constitucionales de 37 estancias infantiles afectadas y 34 madres trabajadoras, así como sus hijos e hijas, quienes se beneficiaban del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras que estuvo vigente hasta diciembre del 2018.
La demanda de amparo tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de niñas, niños, madres trabajadoras y las personas encargadas de las estancias infantiles. Estos son algunos de los conceptos de violación más importantes:
1) El Estado mexicano incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos, tales como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de los niños, niñas y padres de familia y el principio del interés superior del menor, en particular en lo que se refiere a los niños cuyos padres no están afiliados al sistema de seguridad social.
2) La medida es una franca violación a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en relación a los niños con discapacidad cuyos padres no están afiliados a un sistema de seguridad. Esta convención reconoce que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que quienes viven con una discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de convenciones.
3) Se violan también los derechos a la salud, educación, trabajo, así como sus garantías de no regresión, igualdad entre hombres y mujeres y protección al interés superior del menor. El principio de no regresividad de los derechos sociales asegura que, una vez alcanzado un cierto nivel de protección, el Estado no está facultado para establecer un sistema con menor protección.
4) Se omite la realización de un test de proporcionalidad sobre la idoneidad de la medida propuesta por el Gobierno de entregar los recursos directamente a los padres. El principio de proporcionalidad es relevante cuando se enfrenta la posibilidad de que un derecho sea limitado. Aquí la cuestión es saber de qué manera y con qué requisitos se puede limitar este derecho. Además de que se están violando las garantías de seguridad jurídica y de legalidad por falta de fundamento y motivación.
Al no cumplir sus obligaciones y violar derechos humanos, el Estado mexicano no está poniendo a las más pobres primero. Al contrario, estas medidas pueden aumentar la brecha de desigualdad al eliminar las opciones que brinda el sistema de cuidados a los hijos e hijas de mujeres trabajadoras de zonas marginadas. Estos niños y niñas ven limitadas sus opciones de desarrollo al negárseles una estancia infantil donde socializar, recibir alimentación diversificada y se atenderá su desarrollo y sus discapacidades, en manos de profesionales. El Estado tiene la obligación de reconocer derechos, respetarlos y realizarlos progresivamente, sin que el alegato sobre actos de corrupción sea motivo para ignorar sus obligaciones. Ninguna irregularidad o problema administrativo es una excusa para que las autoridades dejen de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Quienes promovemos esta demanda de amparo quedamos en espera de la resolución del juez y confiamos en que existe en México un Estado de Derecho y que el asunto se resolverá en aras de proteger los derechos humanos de niños, niñas y madres trabajadoras, así como los de las personas encargadas de operar las estancias infantiles.