Desde hace algunos años, la Suprema Corte ha tomado su justo papel como organismo autónomo e independiente dejando atrás la larga sombra del presidencialismo priista. Decisiones relacionadas al uso médico y lúdico de la mariguana, el libre desarrollo de la personalidad y la privacidad en los casos de cambio de identidad de las personas trans y el retiro forzoso de militares por contraer VIH han fortalecido el papel de la Suprema Corte en la democracia mexicana. Por supuesto, sus fallos en relación al aborto han sido parte importante de este proceso: desde la resolución sobre la llamada “Ley Robles” en 1999 hasta aquella sobre el caso Fernanda este año (consulta aquí la evolución de las decisiones en los últimos 20 años).
Es por eso que la designación del nuevo ministro o ministra debe estar libre de cualquier negociación política y buscar el mejor perfil para tomar decisiones que fortalezcan el ejercicio de los derechos humanos. En la actualidad, el proceso de designación consiste en una terna enviada por el presidente al Senado, donde se revisa el cumplimiento de los requisitos legales de quienes conforman la terna, se realizan entrevistas públicas y se elige con una mayoría de dos terceras partes a la persona que ocupará el puesto.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra GIRE, ha levantado la voz para que la selección del próximo ministro o ministra se lleve a cabo de acuerdo a estándares y buenas prácticas internacionales. Entre éstas se encuentran la participación ciudadana en la construcción de la terna, la transparencia y la rendición de cuentas, la designación de acuerdo a los méritos y las capacidades, así como el criterio de paridad de género.
México ha avanzado en el tema, por ejemplo, con los Acuerdos de 2015 y 2016 adoptados por el Senado para contar con lineamientos generales sobre las calificaciones básicas para el cargo, incluyendo el conocimiento en Derechos Humanos. Sin embargo, aunque en éstos se abre un espacio para la sociedad civil, no está abierto a la participación de dichas organizaciones en la formulación de las ternas. La democracia mexicana podría avanzar al permitir mayor transparencia en la etapa de preselección al asegurar la idoneidad de las personas postuladas. También sería deseable que el presidente haga una convocatoria formal para las candidaturas idóneas donde se hagan públicos los criterios para la elección de candidatos.
Además, ante un Congreso y un gabinete paritarios, es fundamental continuar con este criterio en la composición de la Suprema Corte para los próximos procesos de selección. De hecho, el presidente del Senado, Porfirio Muñoz Ledo, ha presentado una iniciativa que aseguraría que la próxima terna sea integrada por mujeres. Evidentemente, también deben de cumplir con méritos, experiencia, capacidad jurídica, autonomía, imparcialidad y capacidad para juzgar con perspectiva de derechos humanos y principios democráticos.
Todo lo anterior se encuentra fundamentados en criterios internacionales de protección de los derechos humanos en los sistemas interamericano y universal. Es nuestro objetivo hacer una respetuosa contribución al fortalecimiento del proceso de selección, pues así se asegura la integridad y legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
